La alcaldesa electa de Miami, Eileen Higgins, afirmó este miércoles que el Departamento de Policía de la ciudad no actuará como brazo ejecutor de las agencias federales de inmigración, estableciendo una clara separación de competencias en materia de seguridad pública.
Durante su primera rueda de prensa tras la victoria electoral, Higgins subrayó que la misión de los oficiales locales debe centrarse en la protección de los vecindarios y la prevención del crimen, rechazando que se destinen recursos municipales a la persecución del estatus migratorio de los residentes.
La futura mandataria anunció que su equipo jurídico evalúa las vías legales para retirar a Miami de acuerdos de cooperación como el programa 287(g), que facilita la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según explicó, la fiscalización de fronteras corresponde exclusivamente al gobierno federal y la ciudad debe priorizar otras necesidades.
Higgins advirtió que involucrar a la policía en tareas migratorias resulta contraproducente para la seguridad pública, pues genera temor en comunidades vulnerables y desalienta a víctimas y testigos de delitos a denunciar, lo que en última instancia deja crímenes impunes.
La incorporación de Miami al programa 287(g) fue aprobada en junio por la Comisión de la Ciudad en una votación ajustada de 3 a 2, decisión que Higgins calificó como producto del “miedo político”. El nuevo gobierno anticipa un desafío jurídico, dado el marco legal de Florida contra las llamadas “ciudades santuario”.
En el plano político, Higgins respaldó la iniciativa de ampliar la Comisión de la Ciudad de cinco a nueve miembros, con el objetivo de diluir la concentración de poder. También destacó la importancia de mantener una colaboración pragmática con las autoridades federales en proyectos de beneficio local, como el financiamiento de casi 400 millones de dólares para el nuevo tren entre Downtown y Aventura.
En materia económica, la alcaldesa electa prometió una “reingeniería” de los departamentos de edificación para reducir la burocracia en los permisos de construcción, que actualmente duplican los tiempos de ejecución de proyectos residenciales y elevan los costos hasta en un 40%.
La victoria de Higgins cierra un ciclo electoral marcado por la preocupación ciudadana ante el costo de vida y la percepción de inestabilidad en el ayuntamiento. Su plataforma combinó propuestas de eficiencia económica con una agenda social progresista, logrando imponerse sobre su rival de línea conservadora.
Con información de DLA