Lo que comenzó como una historia de emprendimiento tecnológico en Miami terminó convertido en un complejo caso judicial con ramificaciones internacionales. Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, un joven venezolano que en 2019 promovía su startup Shasta como alternativa financiera para los latinoamericanos, enfrenta hoy cargos federales en Estados Unidos por conspiración criminal transnacional, ciberdelito y lavado de dinero.
De promesa fintech a investigación internacional
Shasta nació como una plataforma de pagos digitales que ofrecía transferencias rápidas, billeteras móviles y acceso a servicios internacionales para usuarios excluidos de la banca tradicional. La empresa se expandió rápidamente por América Latina y Europa, presentándose como una herramienta para “democratizar las finanzas”.
Sin embargo, en 2021 las autoridades venezolanas cerraron sus operaciones tras acusaciones de violaciones regulatorias. Ese mismo año, el cofundador español Alex Sicart fue detenido en Caracas por fraude y lavado de dinero. Usuarios denunciaron dificultades para recuperar sus fondos, mientras que investigaciones en España apuntaban a posibles vínculos de la plataforma con redes de lavado y figuras políticas venezolanas.
La acusación en Estados Unidos
Cinco años después, Montbrun aparece en una acusación federal en Miami. Según documentos judiciales, él y más de una docena de coacusados habrían operado una red criminal vinculada al Tren de Aragua, organización venezolana designada como grupo terrorista extranjero por Washington en 2025.
Los fiscales alegan que entre 2024 y 2025 el grupo ejecutó más de 100 ataques de “jackpotting” contra cajeros automáticos en varios estados, causando pérdidas superiores a US$ 5,4 millones. Los ataques se realizaban mediante malware especializado instalado en los sistemas internos de las máquinas, lo que permitía vaciarlas de forma remota. Los fondos eran luego lavados a través de transacciones ficticias y transferencias internacionales.
Una red transnacional
La acusación describe una estructura criminal con operaciones en Venezuela, Colombia, México, España y Estados Unidos. Entre los acusados figura Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus” o “El Ingeniero”, señalado como figura clave en el ámbito técnico.
Los fiscales sostienen que la red funcionaba con división de tareas: intrusión cibernética, logística, recolección de efectivo y lavado de dinero. Esta organización habría permitido replicar el esquema en múltiples jurisdicciones mientras se minimizaba la detección.
Vínculos políticos y militares
Investigaciones en España y Venezuela apuntaron a que Shasta habría sido utilizada para mover fondos de oficiales militares venezolanos y personas con conexiones políticas. Reportes periodísticos mencionaron a Vivian Arlet Ruiz Barrera, pareja del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, como accionista en empresas relacionadas con la plataforma. No obstante, ni Padrino López ni sus representantes han comentado públicamente sobre estas acusaciones, y no existen cargos formales en su contra.
Un caso con impacto regional
El proceso contra Montbrun, actualmente bajo custodia en Florida, representa el capítulo más reciente de una historia que mezcla innovación tecnológica, colapso empresarial y acusaciones de crimen organizado. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan severas penas de prisión federal.
Información de El Nuevo Herald