La contienda por la gobernación de Florida ha tomado un rumbo inesperado tras la propuesta económica del aspirante republicano James Fishback, quien busca implementar un gravamen del 50% sobre las ganancias generadas por los creadores de contenido en plataformas para adultos. Esta iniciativa, denominada por el candidato como un «impuesto a la degeneración online», tiene como objetivo convertir al estado en el socio mayoritario de una industria que ha florecido en el ecosistema digital.
Según el plan de Fishback, los fondos recaudados —estimados en cientos de millones de dólares anuales— serían destinados a la creación de una oficina estatal dirigida por un «Zar de la Salud Mental», cuyo mandato principal sería abordar las crisis de bienestar psicológico que afectan específicamente a la población masculina en Florida.
La propuesta impacta directamente en el núcleo económico de Miami, ciudad que ha sido identificada por diversos informes de análisis digital como la «capital de OnlyFans» en Estados Unidos. Datos recientes indican que la densidad de creadores en el sur de Florida supera a centros tradicionales como Las Vegas, consolidando a la creación de contenido no solo como un fenómeno cultural, sino como una actividad económica formal que inyecta capital al mercado inmobiliario y de servicios locales.
En este contexto, la medida de Fishback es vista por críticos y especialistas financieros menos como una reforma moral y más como una intervención fiscal de carácter confiscatorio que podría desestabilizar la economía digital del estado.
La tensión política ha escalado significativamente en plataformas sociales, donde el candidato ha mantenido intercambios públicos con figuras prominentes de la industria. El debate ha trascendido la esfera de los valores para centrarse en la viabilidad técnica y la seguridad jurídica; expertos en derecho tributario y agentes de modelos advierten que un gravamen de tal magnitud incentivaría un éxodo masivo de contribuyentes hacia jurisdicciones con marcos impositivos más competitivos.
Además, se cuestiona la capacidad del estado para auditar ingresos generados en plataformas globales con sede fuera de su jurisdicción. Mientras Fishback sostiene que es necesario que quienes «se lucran de la degradación» contribuyan al tejido social, los representantes del sector defienden el derecho al libre ejercicio de actividades económicas legales que, bajo el esquema propuesto, enfrentarían una carga tributaria sin precedentes en la historia de Florida.