El Gobierno de Colombia ha puesto en marcha el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia de defensa aérea valorada en US$1.680 millones (aproximadamente 6,3 billones de pesos). La iniciativa, anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, surge como respuesta directa a la creciente amenaza de aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos insurgentes como el ELN y las disidencias de las FARC.
El detonante final de esta inversión fue el ataque del pasado 18 de diciembre de 2025 en el departamento del Cesar, donde guerrilleros del ELN utilizaron drones con explosivos contra un batallón del ejército, dejando un saldo de siete soldados fallecidos y más de 30 heridos.
Una estrategia de tres fases y alto costo
El proyecto busca proteger tanto a la población civil como a las guarniciones militares de lo que el presidente Gustavo Petro ha definido como una nueva «guerra de drones y antidrones». Según el Ministerio de Defensa, el plan se ejecutará bajo tres líneas estratégicas:
- Tecnología y Detección: Implementación de radares y sensores de radiofrecuencia para neutralizar señales.
- Legislación y Doctrina: Creación de marcos legales para el control del espacio aéreo de baja altura.
- Entrenamiento: Capacitación de un grupo especializado multidisciplinario.
Para la primera fase del proyecto, el Ejecutivo ya ha aprobado el desembolso de US$271 millones (un billón de pesos), destinados al despliegue inicial en zonas críticas como el Catatumbo y el Cauca.
Debate sobre la efectividad y el presupuesto
A pesar de la magnitud del proyecto —único en su tipo en América Latina—, expertos en seguridad han manifestado reservas. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, advierte que los grupos armados suelen utilizar drones comerciales de bajo costo (adquiridos por internet) adaptados de forma artesanal, lo que plantea dudas sobre si un escudo de alta tecnología será efectivo en geografías selváticas accidentadas.
Por su parte, el exdirector de tecnología del Ministerio, Vladimir Rodríguez, cuestionó si la inversión es idónea para una «guerra de guerrillas» en constante movimiento, sugiriendo que el sistema podría quedar obsoleto rápidamente frente a la capacidad de adaptación de los grupos ilegales.
Modernización de la Fuerza Aeroespacial
Este anuncio se suma a la reciente firma de un acuerdo con Suecia por US$4.500 millones para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, destinados a reemplazar la antigua flota de aviones Kfir. Con estas compras, el gobierno de Petro busca recuperar la ventaja aérea que, según el propio mandatario, se ha perdido frente a las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal.