La tensión comercial y energética entre Ecuador y Colombia escaló este jueves con el anuncio del Gobierno ecuatoriano de una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que circula por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). La medida se produce en respuesta a la suspensión de la venta de electricidad por parte de Colombia y se enmarca en una política de “reciprocidad”, según confirmaron autoridades ecuatorianas.
El anuncio fue realizado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien vinculó la decisión con la protección de la seguridad energética, la estabilidad de la balanza comercial y el control fronterizo. A través de un mensaje en la red social X, la funcionaria señaló que el ajuste tarifario al transporte del crudo colombiano reflejará el trato recibido por Ecuador en el ámbito eléctrico, aunque no especificó los montos ni la fecha de entrada en vigor.
La medida se suma a una cadena de acciones adoptadas por ambos gobiernos en los últimos días. Horas antes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había confirmado que a partir del 1 de febrero se aplicará una tasa del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, una iniciativa presentada como una “tasa de seguridad”. Según el mandatario, la decisión responde a la falta de reciprocidad en materia de cooperación fronteriza y al limitado compromiso de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y otras economías ilícitas en la frontera común.
Posteriormente, la Presidencia de Ecuador aclaró que el gravamen no afectará a donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, la venta de electricidad ni a los servicios logísticos vinculados a los hidrocarburos. Sin embargo, el Gobierno colombiano reaccionó anunciando un arancel del 30 % a una veintena de productos ecuatorianos —sin precisar el listado— y comunicó la suspensión de la exportación de energía eléctrica a Ecuador, apelando a su “soberanía energética”.
La decisión de Bogotá reavivó el debate sobre la interdependencia energética entre ambos países, unidos por una interconexión con capacidad de hasta 400 megavatios. Colombia ha sido un proveedor clave para Ecuador, especialmente durante la crisis energética de 2023 y 2024, cuando una severa sequía redujo la generación hidroeléctrica ecuatoriana y obligó a aplicar racionamientos de hasta 14 horas diarias.
En este contexto, el anuncio de Manzano trasladó el foco del conflicto al sector de los hidrocarburos. El crudo colombiano utiliza el Oleoducto de Crudos Pesados desde 2013, tras un acuerdo bilateral que facilitó el transporte y la exportación de petróleo. Ecuador cobra una tarifa por este servicio, cuyo valor no ha sido divulgado públicamente.
El OCP es la segunda infraestructura petrolera más importante del país y transporta crudos de alta densidad desde la Amazonía hasta la costa de Esmeraldas, donde se encuentran los principales terminales de exportación. El ajuste tarifario anunciado añade un nuevo capítulo a la creciente disputa entre Quito y Bogotá, marcada por cruces de medidas arancelarias y decisiones estratégicas en sectores clave.
con información de Infobae