En una decisión que reabre el debate sobre el equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación ambiental, la Comisión de Miami-Dade aprobó este jueves la expansión de la empresa Kelly Tractor sobre 246 acres de humedales. La medida implica el desplazamiento del Límite de Desarrollo Urbano (UDB), una barrera ecológica diseñada para proteger los Everglades y el suministro de agua del condado.
La votación de supermayoría autoriza a la empresa, distribuidora de maquinaria Caterpillar en la región desde 1933, a consolidar un centro de operaciones industriales al oeste de Sweetwater.
- Argumento corporativo: Kelly Tractor sostiene que la falta de terrenos industriales de gran escala dentro de los límites actuales obligaría a la empresa a buscar sedes fuera del condado. El proyecto promete cientos de empleos técnicos de alta remuneración.
- Postura política: Los comisionados a favor destacaron la inyección de impuestos a la propiedad y la necesidad de suelo industrial para mantener la competitividad económica de Miami-Dade.
Riesgos hidrológicos y advertencias técnicas
A pesar del respaldo político, la decisión ignoró las recomendaciones del Departamento de Planificación y de diversos expertos en hidrología. Los informes técnicos subrayan dos riesgos críticos:
- Amenaza al agua potable: El área afectada actúa como un filtro natural que nutre el acuífero de Biscayne, la fuente principal de agua para millones de residentes.
- Agravamiento de inundaciones: La pavimentación de estos humedales podría desplazar el agua hacia zonas residenciales de Sweetwater, una ciudad que ya padece inundaciones crónicas estacionales.
Un precedente en litigio
Este movimiento legislativo evoca la controversia de 2022 con el Distrito de Logística de South Dade, marcando una tendencia de flexibilización del UDB. Sin embargo, la construcción no es inminente.
La alcaldesa Daniella Levine Cava ha mantenido una postura crítica, mientras que organizaciones como Friends of the Everglades y el Sierra Club han anunciado que llevarán el caso a los tribunales. Los ambientalistas alegan que la aprobación ignoró leyes estatales de gestión de tierras y datos científicos fundamentales.
La validez definitiva del proyecto dependerá ahora de la revisión en Tallahassee por parte del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida y del desenlace de las batallas legales que se avecinan.