La Cámara de Representantes de Florida impulsa el proyecto de ley HB 945, una iniciativa que busca dotar al estado de un aparato de inteligencia y contrainteligencia con capacidades operativas similares a las de agencias federales como la CIA. La propuesta, que ya cuenta con el respaldo de comités clave, plantea un cambio histórico en la arquitectura de seguridad nacional de los Estados Unidos.
El proyecto, promovido por el representante republicano Danny Álvarez, faculta al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) para desplegar una fuerza de élite antes de diciembre de 2033. A diferencia de los actuales «Centros de Fusión», que se limitan al intercambio de datos, esta nueva unidad tendrá un mandato operativo para:
- Neutralizar y explotar: Detectar y combatir amenazas de «entidades de inteligencia adversarias», tanto internas como externas.
- Despliegue regional: Se contempla la creación de siete equipos especializados distribuidos en las Fuerzas de Tarea de Seguridad Doméstica Regional (RDSTF).
- Liderazgo inicial: Para julio de 2027, el FDLE deberá haber consolidado un núcleo directivo de diez oficiales de alto rango.
Distanciamiento de Washington
El legislador Álvarez, veterano del Ejército, ha defendido la medida bajo la premisa de que «Florida tiene la responsabilidad de cuidar de sí misma». Este movimiento es visto por analistas como un intento estratégico de Florida por garantizar su defensa con recursos propios, reduciendo la dependencia de la burocracia federal y del FBI, institución que ha sido objeto de críticas recurrentes por parte del liderazgo republicano del estado.
Desafíos legislativos y presupuestarios
A pesar de su avance en la Cámara de Representantes —donde ha logrado un inusual apoyo bipartidista—, el proyecto enfrenta obstáculos importantes:
- Impacto Fiscal: El costo total de crear 77 puestos especializados y adquirir tecnología de vigilancia de punta permanece como una cifra «indeterminada», aunque se prevé que sea millonaria.
- Traba en el Senado: La versión espejo de la ley (SB 1712) se encuentra estancada en el Senado desde principios de enero, lo que sugiere una posible falta de consenso en la Cámara Alta.
Preocupaciones sobre derechos civiles
Organizaciones civiles y expertos legales han encendido las alarmas sobre el alcance de la ley. La definición de «entidad adversaria» es considerada por algunos analistas como demasiado amplia, lo que podría permitir el monitoreo no solo de espías extranjeros, sino también de grupos activistas o corporaciones domésticas. Se advierte sobre el riesgo de que una agencia de este tipo, sin los controles federales habituales, pueda ser utilizada como una herramienta de vigilancia política.