La defensa legal del depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado ante un tribunal federal de Manhattan que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó la licencia necesaria para que el Estado venezolano cubra los costos de su proceso judicial. En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, el abogado Barry Pollack calificó la medida como una interferencia directa en el derecho constitucional de su cliente a una defensa técnica.
Según el escrito, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó una autorización especial que permitía el uso de fondos gubernamentales venezolanos —actualmente congelados por sanciones— para el pago de honorarios. Esta decisión deja a Maduro, capturado el pasado 3 de enero en Caracas, en una situación de incertidumbre financiera frente a los graves cargos de narcotráfico y corrupción que enfrenta en Nueva York.
El argumento de la Sexta Enmienda
El abogado Barry Pollack sostiene que la revocación de la licencia vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual garantiza el derecho de todo acusado a contar con un abogado de su elección. Pollack argumentó los siguientes puntos ante la corte:
- Ausencia de recursos: Afirma que Maduro no dispone de medios personales para financiar una defensa de esta magnitud.
- Obligación estatal: Según el defensor, el régimen que actualmente encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela está obligado por su normativa interna a asumir estos costos.
- Discrecionalidad de la OFAC: La defensa cuestiona que se niegue esta licencia mientras la agencia ha aprobado recientemente otras aperturas comerciales para el sector privado en la isla y otros sectores.
Situación procesal en Brooklyn
Tanto Nicolás Maduro (63 años) como su esposa, Cilia Flores (69 años), permanecen bajo custodia en una prisión federal de Brooklyn. No obstante, el bloqueo administrativo denunciado afecta únicamente a la defensa de Maduro.
Ambos fueron trasladados a Estados Unidos tras un operativo militar que puso fin a su gestión en Caracas a principios de año. El proceso judicial ha avanzado bajo estrictas medidas de seguridad, y se espera que la pareja comparezca nuevamente ante el tribunal de Manhattan el próximo 26 de marzo.
Posible intervención judicial
La defensa ha notificado que, si la OFAC no restablece la autorización para el próximo mes, solicitará formalmente la intervención del juez para que este ordene al Ejecutivo permitir el flujo de fondos destinados exclusivamente a la representación legal. Mientras tanto, los fiscales federales ya han sido informados del conflicto, que añade una capa de complejidad diplomática a un caso que ya ha transformado el mapa geopolítico de la región.