El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que autoriza al estado a designar organizaciones como terroristas, tanto nacionales como extranjeras, ampliando significativamente las facultades del poder ejecutivo en materia de seguridad.
La normativa, identificada como HB 1471, fue aprobada por la legislatura estatal con mayoría republicana y permite que funcionarios del Departamento de Seguridad de Florida propongan la clasificación de grupos como organizaciones terroristas. Esta decisión debe ser ratificada por el gobernador y los miembros del gabinete estatal.
Una vez que una organización recibe esta designación, puede ser disuelta y perder el acceso a financiamiento público, incluyendo recursos provenientes de agencias estatales, distritos escolares y universidades.
Además, la ley introduce medidas en el ámbito educativo que han generado especial controversia. Las instituciones públicas tendrán prohibido destinar fondos a programas o actividades vinculadas a estos grupos, y los estudiantes que promuevan o respalden dichas organizaciones podrían enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la expulsión.
Durante la firma en Tampa, DeSantis defendió la legislación como un paso necesario para proteger al estado y garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para apoyar actividades consideradas extremistas. El mandatario afirmó que la medida busca “defender las instituciones” frente a organizaciones que, según dijo, intentan infiltrarse en el sistema educativo.
Sin embargo, la ley llega en medio de un contexto legal complejo. En meses recientes, una orden ejecutiva del propio DeSantis que designaba como terroristas a grupos como el Council on American-Islamic Relations (CAIR) fue bloqueada por un juez federal por posibles violaciones a derechos constitucionales.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y libertad de expresión han cuestionado duramente la nueva normativa. Advierten que el lenguaje de la ley es amplio y podría abrir la puerta a abusos de poder, afectando derechos protegidos por la Primera Enmienda, como la libertad de expresión y asociación.
Asimismo, expertos legales señalan que la designación de organizaciones terroristas ha sido tradicionalmente una facultad del gobierno federal, por lo que esta legislación estatal podría enfrentar desafíos judiciales en las próximas semanas.
El debate también se extiende al ámbito político nacional, donde medidas similares han sido impulsadas en otros estados. Para sus críticos, esta ley podría sentar un precedente preocupante sobre el alcance del poder estatal; mientras que sus defensores sostienen que es una herramienta clave para combatir el extremismo y reforzar la seguridad pública.