En un hecho sin parangón en la historia democrática de España, la Audiencia Nacional ha imputado formalmente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado José Luis Calama lo acusa de dirigir una organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Los cargos están vinculados al polémico rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra en 2020 y abren una peligrosa veta de conexión con las redes de lavado de dinero del testaferro del régimen venezolano, Alex Saab.
La denominada «Operación Tíbet» ha incluido el registro de la oficina de Zapatero en Madrid por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), así como de la empresa de mercadeo What The Fab, propiedad de sus hijas. El juez ya ha autorizado la intervención telefónica del exmandatario, quien deberá declarar en el juzgado el próximo 2 de junio.
El mecanismo del rescate y las «mordidas»
La investigación, plasmada en un expediente de 85 páginas, sostiene que Zapatero utilizó su influencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez declarara a Plus Ultra como empresa “estratégica y viable”, otorgándole un rescate exprés de 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) cuando la aerolínea apenas operaba el 0.03% de los vuelos en el país.
- Comisiones ilegales: A cambio de esta gestión, se sospecha que Zapatero obtuvo una comisión de dos millones de euros (2.32 millones de dólares).
- El entramado: Los pagos se habrían canalizado a través de contratos por «asesorías inexistentes» otorgados a la sociedad de sus hijas y a una empresa gestionada por su amigo cercano, Julio Martínez.
- Ruta Dubái: Las pesquisas apuntan a que el expresidente ordenó a Martínez crear una estructura societaria en Dubái para ocultar los fondos ilícitos.
La conexión con Alex Saab y PDVSA
El caso adquiere una dimensión trasnacional tras la incorporación de informes del Tesoro de los Estados Unidos filtrados a la prensa. Según el corresponsal David Alandete, las autoridades estadounidenses detectaron que Plus Ultra desvió 519,000 dólares de los fondos del rescate español hacia una cuenta en Suiza vinculada a operadores financieros de Alex Saab.
Esta cuenta era presuntamente utilizada para blanquear capitales de la estatal PDVSA, entrelazando el dinero de los contribuyentes españoles con las operaciones delictivas del entorno de Nicolás Maduro. El juez Calama investiga además el rol de Zapatero como mediador internacional en transacciones de oro y petróleo aprovechando sus nexos con Caracas y Emiratos Árabes.
La respuesta de Zapatero: «Todo es falso»
A través de un video remitido a los medios, Rodríguez Zapatero negó categóricamente las acusaciones, asegurando que jamás ha gestionado nada relacionado con Plus Ultra ni posee sociedades mercantiles fuera de España. “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Deseo expresar mi total disposición a colaborar con la justicia”, manifestó.
Encrucijada para Pedro Sánchez y el bloque de investidura
La imputación ha caído como una bomba en el Palacio de la Moncloa. En el Congreso de los Diputados, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), exigió la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, acusándolo de manchar la presidencia y señalando que «Zapatero es el mentor de Sánchez».
Por su parte, Sánchez acudió a la cámara legislativa para defender firmemente el legado de su predecesor, afirmando que mantendrá su hoja de ruta con la mirada puesta en agotar la legislatura en 2027.
A pesar del cierre de filas en el PSOE, la coalición de gobierno muestra signos de profunda conmoción:
- EH Bildu: La portavoz Mertxe Aizpurua pidió prudencia y afirmó que se mantendrán «a la espera» del avance judicial.
- Esquerra Republicana (ERC): Gabriel Rufián, aliado clave de Sánchez, admitió el duro golpe político en el hemiciclo: “No soy objetivo, le tengo afecto a Zapatero. Pero también tengo ojos en la cara… Estoy jodido”.
- Vox: El partido derechista presiona para presentar una nueva moción de censura, aunque el Partido Popular (PP) recuerda que, por ahora, el bloque que sostiene a Sánchez en el Parlamento sigue manteniendo la mayoría aritmética.
De ser hallado culpable de los cuatro delitos (organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias y falsedad), el expresidente español podría enfrentarse a penas acumuladas de hasta 19 años de prisión.