A menos de una semana para que se celebren las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, Colombia se encuentra sumida en un escenario de profunda polarización e incertidumbre. Un total de 41,421,973 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto —40,007,312 dentro del territorio nacional y 1.4 millones en el exterior— para elegir al sucesor del izquierdista Gustavo Petro, cuyo mandato concluye tras asumir el poder en agosto de 2022.
Con la reelección inmediata prohibida por la legislación colombiana, un total de 12 aspirantes compiten en la recta final. Sin embargo, la contienda parece haberse cerrado en una disputa de extremos, liderada por el candidato oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico) y los opositores de derecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático).
El laberinto de los sondeos y la nueva ley de medición
Uno de los factores que más ha intensificado la confusión en la opinión pública es la disparidad de los estudios de intención de voto. Expertos como Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario, explican que esta variación responde a la implementación de una nueva ley de encuestas, la cual obliga a los centros de medición a incluir variables más estrictas, como una representación puntual por estrato socioeconómico y muestras específicas en áreas rurales y municipios en conflicto.
La disparidad se evidencia al contrastar los métodos tradicionales con los nuevos sistemas de predicción:
- Encuestas tradicionales: El sondeo de AtlasIntel para la revista Semana, difundido el 16 de mayo, ubica al izquierdista Iván Cepeda en primer lugar con el 37.6%, seguido por Abelardo de la Espriella con el 32.9% y Paloma Valencia con el 16.7%.
- Plataformas de apuestas: Por el contrario, el portal digital de predicciones Polymarket registra una tendencia invertida, otorgando a De la Espriella un 49% de opciones de victoria frente a un 42% de Cepeda. Entre ambos nombres concentran el 91% de las probabilidades totales en dicha plataforma.
Analistas advierten que esta confusión alimenta un margen de indecisos que oscila entre el 10% y el 28%, exacerbando la agresividad en las campañas a través de insultos, desinformación y el uso indebido de inteligencia artificial ante la ausencia de debates formales.
Violencia política y denuncias de prevaricato
La campaña electoral se ha visto gravemente empañada por el accionar de grupos irregulares y denuncias de ventajismo institucional. El pasado 15 de mayo, dos miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella fueron asesinados a tiros en una zona rural, mientras que el 19 de mayo, presuntos rebeldes de las disidencias de las FARC atacaron el vehículo del senador oficialista Alexander López en el departamento del Cauca.
Ante este panorama, el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, instó al Ejecutivo a actuar con “audacia” para neutralizar las restricciones a la libertad ciudadana impuestas por actores criminales que buscan presionar la intención del voto en las regiones. Paralelamente, sectores de la oposición denuncian un uso sistemático de los medios públicos y un presunto prevaricato de funcionarios del gobierno de Petro para favorecer la postulación de Cepeda.
Dos modelos de país en disputa
Mario Hernán López, profesor de la Universidad de Caldas, señala que los comicios reflejan una reconfiguración de las fuerzas políticas en Colombia, donde se confrontan dos visiones de Estado profundamente arraigadas en la sociedad actual:
- La demanda de orden: Un sector considerable que, ante la mutación del conflicto y el control territorial de nuevas bandas criminales, exige una acción militar decidida y un fortalecimiento de las facultades de fuerza del Estado.
- La demanda social: Otro sector que prioriza la reducción de las desigualdades históricas y la deuda social mediante la continuidad de políticas públicas enfocadas en la justicia distributiva e igualdad.
El blindaje del software electoral ante las dudas de Petro
La transparencia del sistema también se ha convertido en un campo de batalla político. En los últimos días, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea salió en defensa de la organización electoral colombiana tras las exigencias del presidente Petro de acceder al código fuente y funcionamiento del software de escrutinio.
Tanto la delegación europea como el registrador nacional, Hernán Penagos, calificaron la solicitud presidencial de «inviable», advirtiendo que entregar dichas especificaciones técnicas abriría la puerta a manipulaciones externas y vulneraría la integridad del proceso democrático. Desde la UE recordaron que el modelo colombiano es robusto debido a que el escrutinio final es predominantemente manual, sustentado en formularios físicos y vigilado por testigos, jueces y notarios.
De no alcanzarse una mayoría absoluta este domingo, los dos candidatos más votados deberán medirse en una segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio.