A propósito de los recientes anuncios gubernamentales sobre la reactivación de las operaciones marítimas bajo el nombre histórico de Conferry, la familia Tovar Mata emitió este viernes un contundente comunicado a la opinión pública. En el documento, los antiguos propietarios de la emblemática naviera aclaran de forma tajante que no guardan ningún tipo de relación con las operaciones comerciales actuales y exigen al Estado venezolano el cumplimiento de los compromisos financieros pendientes desde hace más de una década.
La familia Tovar, fundadora y dueña de la empresa original antes de que el Ejecutivo nacional ejecutara su intervención en septiembre de 2011, precisó que no participa en ninguna capacidad en la administración, gestión, operación o actividades comerciales de esta nueva etapa de la marca.
Un llamado constructivo, pero con memoria histórica
En el texto fechado en Porlamar este 12 de junio de 2026, los herederos del legado empresarial señalaron que celebran «toda iniciativa destinada a fortalecer la conectividad marítima nacional». Reconocieron que el estado Nueva Esparta y el país en general necesitan con urgencia recuperar su capacidad operativa y turística. Sin embargo, advirtieron que la reaparición de los símbolos, colores y el nombre concebidos por su fundador, Rafael «Fucho» Tovar, obliga a realizar una profunda reflexión institucional y jurídica sobre lo ocurrido con los bienes originales.
“Han transcurrido casi quince años desde aquella intervención, y los accionistas de la verdadera Conferry aún no han recibido compensación alguna por los activos objeto de dicha ocupación forzosa”, denuncia la familia en el comunicado.
Asimismo, los Tovar Mata revelaron que el Estado venezolano permanece en situación de incumplimiento respecto a las obligaciones patrimoniales asumidas en el acta de avenimiento suscrita en el año 2013, un convenio de arreglo amistoso que firmaron actuando de plena buena fe y con disposición al diálogo, y que acumula casi trece años engavetado.
Cronología de la Intervención de Conferry
• Septiembre de 2011: El Estado venezolano ejecuta la intervención y ocupación forzosa de la flota,
instalaciones y nombre comercial de la empresa privada.
• Año 2013: La familia Tovar y el Estado suscriben un acta de avenimiento para un arreglo
amistoso y el pago de compensaciones patrimoniales.
• Período 2011-2026: Deterioro, paralización y desaparición de gran parte de los activos de la
flota original intervenida.
• 12 de Junio de 2026: Reactivación comercial de la marca; la familia Tovar emite un comunicado
desvinculándose de la nueva gestión y exigiendo seguridad jurídica.
El buque presentado tiene pasado en la vieja Conferry
Una de las revelaciones más llamativas del comunicado detalla que la embarcación expuesta públicamente por las autoridades para abanderar esta reactivación no es ajena a la historia de la aerovía. Los Tovar explicaron que se trata de una nave que operó en aguas venezolanas durante la década de los noventa bajo el impulso de Rafael «Fucho» Tovar con el nombre original de Pegasus One, antes de ser devuelta en su momento a sus arrendadores o propietarios extranjeros.
Para los exaccionistas, el retorno de este buque y el uso de la marca es una prueba de que la identidad de Conferry es inseparable de la visión privada que le dio vida. Por ello, lamentaron que mientras el nombre sigue intacto en la memoria colectiva asociado al esfuerzo privado, la gran mayoría de la flota e instalaciones expropiadas en 2011 terminaron deterioradas, inoperativas o desaparecidas bajo la administración pública.
Seguridad jurídica como mensaje a los inversores
La familia concluyó su exposición asegurando que su reclamo no busca la confrontación, sino cerrar correctamente una herida jurídica contemporánea. Argumentaron que resolver esta deuda histórica enviaría una señal contundente de seguridad jurídica real a los inversionistas nacionales e internacionales que hoy miran a Venezuela como una oportunidad de negocios.
«Venezuela puede avanzar hacia una nueva etapa si reconoce su historia empresarial, respeta la propiedad privada, honra los acuerdos suscritos y ofrece seguridad jurídica real»[cite: 1], reza el documento. La familia Tovar Mata ratificó que continuará defendiendo el legado de los trabajadores, técnicos y marinos que consolidaron la aerovía, apelando al diálogo institucional y al marco constitucional para alcanzar una resolución justa y definitiva