(Miaminews24).- Este martes el Departamento de Trabajo anunció una campaña para combatir «más agresivamente» los posibles casos de fraude en los programas de visado para trabajadores extranjeros, mediante un refuerzo de las investigaciones civiles y la amenaza de penas criminales.
El anuncio responde a un decreto emitido el pasado abril por el presidente Donald Trump, que instruía a las agencias de su Gobierno a castigar el posible fraude en los visados, especialmente los de tipo H-1B, que permiten contratar temporalmente a extranjeros en puestos de alta cualificación.
La orden emitida este martes por el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, instruye a su Departamento a «utilizar todas las herramientas posibles» para impulsar las investigaciones civiles contra abusos en los visados de trabajadores extranjeros, como los H-1B y los H-2A para trabajadores temporales del sector agrícola.
También pide revisar los formularios que usan los empleadores para solicitar los visados «para identificar mejor las violaciones», además de «referir los casos de fraude criminal a la Oficina del Inspector General» del Departamento de Trabajo, y crear un grupo de trabajo dedicado específicamente a supervisar esos esfuerzos.
«Las entidades que se implican en fraude y abuso del programa de visados están rompiendo la ley y dañando a los trabajadores, lo que merma la capacidad de los estadounidenses de mantener a sus familias», aseguró Acosta en un comunicado.
«Vamos a implementar vigorosamente la ley, incluido mediante un mayor uso de la referencia a la jurisdicción criminal» de potenciales violadores, añadió Acosta, quien prometió recurrir a «todas las medidas legales disponibles» para combatir los abusos.
El programa H-1B beneficia sobre todo a trabajadores extranjeros especializados en campos relacionados con ciencias, ingeniería y tecnología, razón por la que este visado es uno de los más frecuentes en las empresas tecnológicas de Silicon Valley.
Las medidas ordenadas por el Departamento de Trabajo también afectan al programa H-2A, que se concede de acuerdo con peticiones hechas por empresas agrícolas, que se comprometen al traslado y al alojamiento temporal de los trabajadores del campo, muchos de ellos inmigrantes procedentes de México y Centroamérica.
Fuente: EFE