En una serie de tuits desde el fin de semana, Trump amenazó con cancelar la transferencia de 900 millones de dólares de fondos federales para el proyecto del tren de alta velocidad y reclama al Estado la devolución de otros 2.500 millones aportados por el Departamento de Transportes.

La amenaza afecta a una cuarta parte de los fondos ya comprometidos y no está aún claro que haya una vía legal para negar ese dinero, pero Trump ha añadido incertidumbre a un proyecto que ya se estaba convirtiendo en un problema de imagen pública para la Administración de California.

El tren de alta velocidad de California, que debía unir San Francisco y Los Ángeles en 2029, es el mayor proyecto de transportes de Estados Unidos. Se puso en marcha por empeño del anterior gobernador, Jerry Brown, que consiguió asegurar la financiación para empezar los trabajos en el Valle Central del Estado, en un tramo entre Fresno y Madera. El coste total estimado iba a ser inicialmente de 68.000 millones de dólares. Ya ha aumentado a 77.000 millones. Los sobrecostes y los retrasos de planificación y ejecución han ido limando poco a poco el apoyo del público al proyecto. Los republicanos han hecho de él un flanco de ataque al gasto público de los demócratas en el Estado.

El pasado 12 de febrero, durante su primer discurso sobre el estado del Estado, el nuevo gobernador, Gavin Newsom, dedicó una parte de su intervención al tren de alta velocidad y dijo: “Seamos realistas. El proyecto, tal como está planificado, va a costar demasiado y va a tardar demasiado. Ha habido poca supervisión y no suficiente transparencia. Ahora mismo, simplemente no hay un camino para completar una línea desde Sacramento hasta San Diego y mucho menos desde San Francisco hasta Los Ángeles”.

Newsom dijo que se iba a completar el tramo actualmente en construcción, entre Merced y Bakersfield, en el Valle Central rural. Lo que los críticos del proyecto llaman despectivamente el tren a ninguna parte, porque no sirve a ninguna de las grandes ciudades de la costa. Las palabras del gobernador fueron interpretadas inmediatamente como una renuncia a la construcción de la línea completa. Al día siguiente, el gobernador dijo que se le había malinterpretado.

Presencia española

“A pesar de los titulares, el gobernador dijo que se va a seguir construyendo en el Valle Central”, dice por teléfono Juan Lema, mánager del contrato que tiene en la alta velocidad de California la empresa de ingeniería española Sener. En Sener entienden, como dijo el gobernador al día siguiente de su discurso, que se trata de concentrar los fondos disponibles en el tramo que está en construcción para acabarlo cuanto antes, no renunciar a todo el proyecto. Otras dos empresas españolas, Dragados y Ferrovial, tienen contratos en las obras de California.

Sener tiene dos contratos de ingeniería preliminar en la construcción del Valle Central y otro para hacer los estudios medioambientales en el tramo entre Palmdale y Burbank, que es uno de los más controvertidos. Ese tramo es la entrada en Los Ángeles por el noreste a través de una zona de ranchos y se ha encontrado con una furiosa oposición local que lo ha retrasado mucho. “El gobernador dijo que proseguirían la Fase I de los estudios medioambientales”, explica Lema, por lo que ese contrato no está en peligro.

“Lo que entendemos es que no se deja de invertir nada”, decía Lema antes de la amenaza de Donald Trump. “A corto plazo, la financiación esta conseguida para el tramo Madera-Bakersfield. No tenían el dinero para conectar eso con Los Ángeles o San Francisco. Eso ya se ponía de manifiesto en el último business plan de la pasada primavera”.

Recorte de fondos

La principal diferencia de esta infraestructura con otras similares en Europa es que no se hace con fondos de los presupuestos generales. Necesita financiarse con fondos ad hoc. El principal impulso al tren de alta velocidad de California vino con 3.500 millones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos en 2014. Pero eso es aproximadamente una cuarta parte del dinero disponible. El resto sale de la recaudación por el programa de compra de emisiones contaminantes de California (cap and trade) y de 10.000 millones en bonos aprobados en referéndum.

En esta situación, intervino Trump. El presidente asegura que va a reclamar a California la devolución de 2.500 millones de dólares de los fondos federales y que va a negar la transferencia de otros 929 millones que, según del Departamento de Transportes, aún no habían sido transferidos. Se trataría de una parte muy pequeña del coste total de la obra, pero introduce un elemento de confusión.

Dinero ya invertido

“Los fondos para la ingeniería y la parte ambiental, que es donde esta nuestro contrato, ya están gastados”, explicaba Lema este miércoles, después de la amenaza de Trump. “A la construcción sí afectaría, porque hay fondos federales vinculados a contratos del Valle Central”. En principio, ni siquiera está claro jurídicamente que Trump pueda reclamar sin autorización del Congreso fondos que han sido asignados por el Congreso. O negar la transferencia ya aprobada. “Yo le veo más peligro a la batalla política que a esos 900 millones”, decía Lema como opinión personal.

La batalla política está en lo más alto. California se ha opuesto a todas las grandes iniciativas de Trump y le ha creado graves problemas judiciales en asuntos como el veto migratorio, las ciudades santuario o la rebaja de los límites contaminantes de los coches. California ha denunciado al Gobierno federal 46 veces en año y medio, la última este lunes, cuando denunció en los tribunales la declaración de estado de emergencia que permite a Trump desviar por decreto los presupuestos para construir un muro. “Esto es claramente una represalia política y no nos vamos a quedar quietos”, dijo Newsom el miércoles. “Es dinero de California y lo vamos a pelear”.

Cortesía:elpaís