A partir del lunes, a los inmigrantes de bajos ingresos que reciban prestaciones públicas —o que las necesiten a futuro— les negarán la visa o la residencia permanente a pesar de haber entrado al país legalmente.
La nueva “regla de carga pública” del gobierno del presidente Donald Trump —que favorece a los inmigrantes con recursos que buscan un estatus permanente y deja a los pobres en una posición desventajosa, según analistas y expertos— impedirá que las personas que necesitan cupones de alimentos, asistencia para pagar la vivienda, ingresos del Seguro Social y el Medicaid reciban la tarjeta verde porque los considerarían una carga para el gobierno federal.
A partir del 24 de febrero, una familia de cuatro personas tendría que ganar casi el doble —$60,000— para no ser rechazada, en comparación con el límite de ingresos anterior de $32,000, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Los asilados, refugiados, víctimas del tráfico de personas y víctimas de la violencia doméstica están exentos de la norma de carga pública. También están exentos los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano, la Ley de Alivio a Nicaragüenses y Centroamericanos y la Ley de Justicia de Inmigración para Refugiados Haitianos, así como los que reciben subsidio por bajos ingresos para la Parte D del Medicare. Las mujeres embarazadas y los menores de 21 años también están exentos de la nueva regla.
Los que corren los mayores riesgos de ser declarados “carga pública” son individuos que tratan de ajustar su estatus a través de un cónyuge o petición familiar, los recién llegados que no tienen una vía a la residencia permanente y los que están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Las personas que han solicitan la ciudadanía no están sujetas a la norma de “carga pública”.
El otoño pasado, la administración de Trump emitió una propuesta de regulación para hacer cambios significativos en materia de la norma de carga pública. Más de 250,000 personas se pronunciaron contra la norma al presentar comentarios, a pesar de los cual el gobierno decidió implementarlos el verano pasado.
Defensores de los inmigrantes entonces presentaron numerosas demandas en todo el país, que resultaron en cinco fallos preliminares que impidieron temporalmente la implementación de la medida. La administración apeló cada caso, y a partir de este lunes la norma entra en vigor.
Aunque el proceso siempre ha contado con factores como los ingresos, el nivel educativo, el nivel de salud y habilidades, según la nueva regla, el USCIS tomará en cuenta si los solicitantes han recibido asistencia pública durante más de un año en los tres años anteriores para determinar si puede recibir un estatus legal.
Si el gobierno determina que un nuevo solicitante un día puede necesitar asistencia del gobierno para sobrevivir, la solicitud se rechazará y el solicitante puede ser sometido a un proceso de deportación, según la nueva norma.
No verse sometido a un proceso de deportación dependerá únicamente de si el funcionario del USCIS decide otorgar una fianza discrecional.
El precio mínimo de la fianza es $8,100, más un cargo de solicitud de $25. Eso es además del cargo por ajuste de la residencia permanente, que se espera que aumente a $2,195 más adelante este año.
Si el inmigrante solicita la fianza y al final no lo aceptan, pierde el dinero. Si le otorgan la residencia permanente, le devuelven el dinero.
“La fianza es completamente discrecional y no hay garantía de que se devuelva”, dijo Adonia Simpson, directora del programa de defensa familiar de la organización American for Immigrant Justice, una entidad floridana sin fines de lucro. “Toda la norma es discriminatoria”.
Simpson agregó: “La gente no tiene dinero para someterse al proceso, y es tan complejo que cada vez menos personas lo consiguen sin ayuda de un abogado. Los solicitantes entonces buscarán ayuda de personas que no son abogados, de manera que anticipamos más fraude“.
Autoridades federales dijeron que la norma “asegurará que los extranjeros que tratan de entrar y permanecer en Estados Unidos —temporal o permanentemente— pueden mantenerse a sí mismos y depender de sus habilidades y los recursos de familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en vez de recursos públicos”.
Según el American Immigration Council, en 2017 en Florida había 4.1 millones de personas que no eran ciudadanos estadounidenses, y 26% de ellas —aproximadamente 1.2 millones— han usado algún tipo de prestación del gobierno en forma de efectivo, servicios médicos, alimentos y asistencia para la vivienda.
Los inmigrantes representan en este momento una pequeña parte de los que reciben prestaciones públicas, en lo fundamental porque muchos no cumplen los requisitos desde el principio por su estatus inmigratorio. Sin embargo, analistas afirman que es probable que la nueva norma tenga consecuencias directas sobre personas a las que no está dirigida.
“En lo fundamental, la norma de la carga pública es una agresión a las familias inmigrantes de bajos ingresos y un intento de cambiar fundamentalmente el sistema de inmigración”, dijo Madison Allen, analista de políticas y abogado del Center for Law and Social Policy. “La norma también creará más temor, algo que ya se esta observando, entre inmigrantes que se preocupan por recibir apoyo crítico como servicios médicos y asistencia de nutrición, que ayudan a las familias trabajadoras de avanzar y ser productivas”.
Pero las consecuencias son serias, incluso para personas que no serian consideradas carga pública bajo la nueva norma.
Algunos expertos dicen que se espera que la nueva norma tenga un “efecto atemorizador” significativo sobre personas que no caen en esas categorías, porque piensan que estarían en peligro de ser declarados carga pública cuando en realidad no lo son.
“Ya lo hemos visto”, dijo Matt Childers, director de investigaciones y políticas de Florida Health Justice Proyect. “Personas que no están sujetas a la norma de carga pública temen que si solicitan prestaciones, eso pudiera afectar su estatus. Otros temen que si vuelven a solicitar o renovar sus beneficios, eso los pondría en peligro”.
Se proyecta que la Florida esté entre los estados más afectados por la nueva norma y pudiera llevar a que más de 100,000 niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes pierdan el acceso al seguro médico, y más de 82,000 pierdan el acceso a los beneficios del programa de asistencia con alimentos (SNAP).
De esos 100,000, se espera que 29,000 sea sacados del seguro médico por sus padres en Miami-Dade por temor a las nuevas normas; además de 15,000 en Broward y 11,000 en Palm Beach, según Childers.
Childers agregó que se espera que los padres retiren a 24,000 de los beneficios de cupones de alimentos en Miami-Dade; 9,000 en Broward y otros 9,000 en Palm Beach.
Según la nueva norma, cuando una persona solicita entrada al país o el ajuste de su estatus, después de llenar la solicitud —que demora unas 4.5 horas en completarse— las autoridades de inmigración estudian varios factores para decidir si debe aprobarse o rechazarse por la probabilidad de que se convierta en carga pública.
Según el Migration Policy Institute, la información más reciente muestra que en 2018 más de 2,051,000 personas solicitaron la residencia permanente en Estados Unidos.
Entre esas personas, casi 70% tenía al menos un “factor negativo” en su solicitud”, 43% tenía al menos dos y 17% al menos tres.
Un vez que una persona tiene cinco factores negativos, se le declara carga pública.
“La mayoría de los solicitantes caen en una zona gris con factores positivos y negativos, lo que subraya la discrecionalidad del proceso”, indica el informe de las investigaciones.
Fuente: elnuevoherald.com