El condado de Miami-Dade enfrenta un presupuesto estimado en $12,933 millones para el año fiscal 2025-2026, el cual se ve afectado por un déficit anticipado de $402 millones que ha generado controversia política. La alcaldesa Daniella Levine-Cava señala que esta problemática financiera es resultado de circunstancias ineludibles, como la reducción de la asistencia federal y estatal, además de la financiación necesaria para cinco oficinas constitucionales independientes. Por otro lado, varios comisionados y funcionarios que fueron entrevistados por DIARIO LAS AMÉRICAS acusan el desequilibrio fiscal al aumento incontrolado del gobierno, la mala planificación y lo que consideran gastos superfluos.
A pesar de que el aumento en los precios de las viviendas en el sector inmobiliario del sur de Florida ha disminuido, con un crecimiento del 8. 5 % respecto al año pasado, esto significa que, si se mantiene la misma tasa de amillaramiento, los impuestos sobre la propiedad aumentarán para muchos propietarios. “Si la tasa se mantiene igual, los residentes pagarán más, aunque los políticos digan que no hay un incremento en los impuestos”, advierte Tomás Regalado, tasador del condado, quien aclara que el impuesto a la propiedad representa el 38 % del presupuesto operativo del condado.
Gasto y oficinas adicionales
Cuando Levine-Cava tomó posesión como alcaldesa en 2020, el presupuesto del condado era de aproximadamente 9,000 millones de dólares. Actualmente, la propuesta de presupuesto asciende casi a 13,000 millones, de los cuales 4. 4 mil millones se asignan a gastos de capital y 8. 4 mil millones al presupuesto operativo. Este último depende en gran medida de los impuestos a la propiedad, que aportan 4. 1 mil millones, comparado con los 2. 1 mil millones que contribuían en 2021. Por ello, la tasa de amillaramiento es fundamental, ya que determina cuánto se paga en impuestos sobre la propiedad. Este es un tributo costoso que la mayoría de los propietarios critican.
Desde que Levine-Cava asumió el liderazgo del condado, la administración pública también ha aumentado. “El gobierno ha crecido en más de 3,000 empleados y ahora afirma que quiere recortar 305 puestos. Ha crecido demasiado y no percibo que el servicio sea más eficiente o mejor”, denunció el comisionado Roberto González, quien acusa a la administración de descuidar las necesidades básicas de los contribuyentes: “El presupuesto debe centrarse en lo esencial: seguridad, agua, recolección de basura, mantenimiento de calles y tráfico. Lo demás, si hay fondos, se puede considerar”.
En tiempos de bonanza, el condado estableció oficinas controversiales, como la Oficina del Nuevo Estadounidense y la Oficina del Calor, y aumentó el financiamiento a organizaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales, según investigaciones de The Miami Herald, están vinculadas a lo político. Se estima que entre 2020 y 2024 se generaron cerca de 3,000 nuevas posiciones de trabajo, con sueldos que pasaron de un promedio de 60,000 dólares a 96,000 dólares, un aumento del 60 %.
Para Raquel Regalado, este rumbo nos lleva a una “crisis de identidad”.
“Estamos aquí para recoger desechos, reparar calles y gestionar el tráfico. No estamos aquí para transformar el mundo. Hemos llevado a cabo acciones que no corresponden a nuestra función dentro del gobierno regional y ahora es momento de reducir gastos”, dijo. En cuanto a los numerosos puestos de trabajo que se han generado, Raquel Regalado menciona que gran parte de ellos están sin ocupar y se emplea el presupuesto destinado a esos puestos en otras actividades, como la reparación de vías o cosas parecidas. “Es un dinero que permanece sin usar, que está disponible, pero que no se invierte. Por lo tanto, lo utilizas para arreglar una carretera o realizar otras tareas”.
Propuesta de Levine Cava
Con el objetivo de reducir el déficit fiscal, la alcaldesa ha presentado un conjunto de medidas que no satisface a nadie, entre las cuales se encuentran:
Reducción de 40 millones en ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro.
Unificación de departamentos: Servicios Humanos y Acción Comunitaria se integrarán a Servicios Juveniles bajo una sola entidad.
Eliminación de la Oficina de Innovación y Desarrollo Económico, que abarcaba la Oficina de Cine.
Cierre de la Oficina de Seguridad Comunitaria, establecida para disminuir la violencia armada.
Detención de financiamiento para iniciativas como Save the Senior y ayudas a pequeños comercios.
Cierre de dos centros para adultos mayores en Little River y South Dade.
Incremento de tarifas: transporte público (+0,50 centavos), agua (+6 %) y recolección de basura (+3 %).
CESAR MENENDEZ DLA.
A pesar de todo, el presupuesto incluye incrementos salariales y beneficios estipulados entre los sindicatos y la gestión. “Se negociaron y ahora hay que cumplir”, señala la sheriff Rosie Cordero Stutz, quien enfatiza que su oficina requiere 93,8 millones adicionales para honrar esos compromisos y para llenar más de 200 vacantes, las cuales amenazan la seguridad en el condado.
“Del monto de 93 millones que solicito, el 68 % se destina a cumplir con contratos firmados antes de que yo asumiera la dirección de la oficina. No estoy creando nuevos puestos, solo busco recuperar lo que hemos perdido y reabrir escuelas para capacitar a nuevos agentes. En este momento contamos con más de 200 vacantes y eso implica una disminución en las patrullas en las calles”, advirtió la sheriff.
Cordero Stutz mencionó que la ausencia de una academia, reconocida desde 2024, significa que su oficina estará por lo menos 15 meses sin poder incorporar un nuevo oficial para cubrir dichas vacantes. Esto se debe al tiempo necesario para entrenar a los agentes del orden. Por esta razón, es urgente conseguir el presupuesto solicitado y añadió que, si la Comisión no le aprueba la solicitud, acudirá al estado en busca de apoyo. “Tengo el derecho legal de dirigirme al gobernador”.
¿Quién es el responsable?
Para Raquel Regalado, el déficit “no es algo inesperado”. . . “Desde 2020 advertí que habría un problema en 2025. Solicité la creación de un fondo que oscilara entre 180 y 260 millones de dólares para las nuevas oficinas constitucionales, pero solo se reservaron 16 millones. Las cifras son claras. Esta crisis se pudo haber evitado”, manifestó.
El comisionado González coincidió en que ha habido una falta de disciplina financiera. “Esto se pudo prevenir. Se malgastaron los fondos. Cuando recibes ingresos extraordinarios, deberías pagar deudas o invertir en infraestructura, sin embargo, la administración gastó en programas sociales y organizaciones no gubernamentales.
“Lo que hemos observado en los últimos años es que la administración ha tenido en su poder una gran cantidad de dinero y ha puesto en marcha proyectos sociales que, aunque son muy atractivos y benefician a muchas personas, no son la función del gobierno. Creó una oficina del calor que le indica a la gente cómo manejar el calor”.
Ahora quieren aumentar los impuestos porque no hay fondos. Eso es inaceptable”, comentó el comisionado del distrito 11, quien también cuestionó la falta de claridad que, según él, existe en la administración.
“Queremos revisar el presupuesto detalle por detalle. No podemos aprobar un plan de 13. 000 millones sin saber cómo se va a gastar cada dólar. Necesitamos auditorías y transparencia”, dijo, y se quejó de que en muchas ocasiones la administración presenta en la Comisión contratos multimillonarios un día antes de que se venza el plazo para su aprobación. “Si no se aprueban, miles de trabajadores se ven afectados”.
D. CASTROPÉ
Amillaramiento: ¿aumento o reducción de impuestos?
Uno de los aspectos más delicados del presupuesto que presentó la alcaldesa es el impuesto sobre la propiedad. Con los valores de la vivienda todavía en aumento, mantener la tarifa actual significa generar más ingresos para el Condado, aunque también representa una mayor carga para los propietarios. En este escenario, Tomás Regalado, el tasador de la propiedad, expuso su perspectiva. “Si se conserva la misma tasa de amillaramiento, los políticos afirmarán que no han aumentado los impuestos, pero la realidad es que la población pagará más debido a que los valores de las propiedades son más altos. Aunque el incremento no será tan pronunciado como en años anteriores, podría alcanzar un 1,5 %. Por eso, recomendé reducir el amillaramiento para ofrecer un verdadero alivio”, comentó, recordando que los valores crecieron solo un 8,5 % este año, en comparación con el 10,8 % en 2024 y el 21 % del año anterior.
La comisionada del distrito 7 está de acuerdo, “Conservar la misma tasa implica un aumento de impuestos. Siempre lo he dicho y me critican en la Comisión por expresarlo, pero es una realidad”, afirmó, y mencionó que durante las reuniones que se llevarán a cabo en agosto propondrá un conjunto de medidas que podrían ayudar a reducir gastos.
YENIER MARTINEZ
Oficinas constitucionales
La alcaldesa Levine-Cava argumenta que la instauración de estas cinco oficinas es un factor importante del déficit. Sin embargo, varios de los consultados desacreditan esa explicación. Dariel Fernández, encargado de la recaudación de impuestos, fue claro en un comunicado:
“El gobierno del condado no enfrenta un problema de ingresos, sino un problemático de gastos. Desde 2018 entendían que estas oficinas operarían de manera independiente. Tuvieron siete años para prepararse y no lo hicieron. Ahora desean responsabilizar al deseo del pueblo”, expresó.
A pesar de esto, Fernández enfatizó que su departamento devolvió cerca de 40 millones a los municipios y aclaró que no necesita impuestos para funcionar. “Nuestros recursos provienen de tarifas por servicios, no de impuestos. Asimismo, eliminamos contratos innecesarios y modernizamos los procesos”, destacó.
¿En qué se fue el dinero?
Durante el periodo de abundancia financiera gracias a los fondos federales por COVID, el Condado recibió miles de millones, que se gastaron en parte en gastos recurrentes y en la ampliación de programas sociales, subrayó el comisionado González, cuestionando tal estrategia: “Cuando recibes un cheque, primero pagas la hipoteca, los servicios, la comida y luego planificas unas vacaciones. Aquí hicieron lo opuesto. Se invirtió dinero en programas sociales y en oficinas que no eran vitales.
Por su parte, Raquel Regalado confirmó que varios contratos absorbieron millones sin un impacto equivalente: “Metro Connect costaba 800. 000 dólares al mes y lo denuncié desde 2021, pero nadie quiso cancelar el servicio gratuito. Eso generó un gasto de decenas de millones en cuatro años.
Decidir el futuro
El calendario señala dos meses cruciales; el 13 y 20 de agosto habrá reuniones extraordinarias de la Comisión para examinar la propuesta presupuestaria, detalle por detalle, antes de la primera lectura, que será el 4 de septiembre, y la segunda, el 18 de ese mes. La tasadora de impuestos, Regalado, advirtió: “Los residentes están presionados por el tiempo. Tienen agosto y septiembre para contactar a sus funcionarios y pedir recortes. Después del 1 de octubre, solo podrán protestar y pagar”.
“La única forma de ofrecer un alivio real es disminuir el amillaramiento. Si no participan, el mensaje que envían a la Comisión es que todo está en orden. Y no es así”, aseveró.
Tormenta perfecta
Un presupuesto sin precedentes, el fin de los recursos federales, un gobierno que creció desmesuradamente y el costo de nuevas oficinas se unen para formar el mayor reto fiscal del condado en diez años. Agosto y septiembre serán cruciales. Mientras tanto, persiste la pregunta: ¿Debería Miami-Dade reducir gastos, aumentar tarifas, aliviar a los contribuyentes o implementar una combinación de estas soluciones? Ninguno de los entrevistados para este reportaje fue lo suficientemente enfático al considerar el papel que debe desempeñar la Comisión como contrapeso al poder legislativo para prevenir el déficit y evitar políticas de gasto excesivo.
Con información de diariolasamericas.com
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