Una nueva directiva del Departamento de Estado de Estados Unidos, enviada el 6 de noviembre de 2025 a embajadas y consulados en todo el mundo, ha ampliado los criterios médicos que los funcionarios consulares deben considerar al evaluar solicitudes de visa. Según reveló la organización Kaiser Family Foundation (KFF), la medida busca reducir la entrada de personas que podrían requerir tratamientos médicos costosos o asistencia pública, bajo la figura legal de “carga pública”.
Aunque los exámenes médicos ya eran parte del proceso migratorio —incluyendo pruebas de tuberculosis y verificación de vacunas—, la nueva normativa extiende el escrutinio a condiciones como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, trastornos neurológicos y de salud mental.
Más filtros para visas de residencia
Charles Wheeler, abogado de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), explicó que los controles serán más estrictos para quienes soliciten la residencia permanente. La evaluación incluirá no solo el estado de salud, sino también la capacidad del solicitante para costear su tratamiento sin recurrir a fondos públicos.
El cable instruye a los funcionarios a preguntarse si el solicitante “cuenta con los recursos suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida sin recurrir a asistencia pública en efectivo ni a una institucionalización prolongada a cargo del gobierno”.
Críticas y preocupaciones
La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos migratorios, que advierten que podría discriminar a personas con condiciones médicas controladas o que no representan un riesgo inmediato para el sistema de salud. También se teme que aumente la discrecionalidad de los funcionarios consulares y la incertidumbre para los solicitantes.
Con información de RCN