La fiscalía del condado de Boone presentó este lunes cargos por homicidio involuntario contra Curt Andersen, acusado de disparar y matar a la trabajadora doméstica guatemalteca María Florinda Ríos Pérez, quien confundió la dirección de la vivienda que debía limpiar en Whitestown, un suburbio de Indianápolis.
El hecho ocurrió la madrugada del 5 de noviembre, cuando Ríos Pérez, de 32 años y madre de cuatro hijos, intentó abrir la puerta de la casa equivocada. Según el testimonio de su esposo, que la acompañaba en ese momento, Andersen disparó a través de la puerta principal sin mediar palabra, en lugar de llamar a la policía. La mujer recibió un impacto mortal en la cabeza y murió en el porche de la vivienda.
El acusado fue ingresado en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza. Sus abogados sostienen que actuó en defensa propia, amparado en la legislación estatal que permite el uso de fuerza letal en caso de amenaza. Sin embargo, el fiscal Kent Eastwood afirmó que las pruebas demuestran que Andersen no estaba protegido por la ley de “defensa propia” de Indiana. “Las acciones del sospechoso no se encuentran amparadas por la protección legal que ofrece la normativa estatal”, declaró en conferencia de prensa.
El caso ha generado conmoción en la comunidad local y entre organizaciones de migrantes, que subrayan la vulnerabilidad de trabajadores extranjeros en Estados Unidos. La víctima, originaria de Quetzaltenango, deja huérfanos a cuatro hijos, incluido un bebé próximo a cumplir un año. Su esposo busca repatriar el cuerpo a Guatemala para darle sepultura.
Contexto legal y precedentes
La demora en la presentación de cargos se atribuyó a dudas sobre la aplicación de la ley de defensa propia. En varios estados de EE. UU., estas normas permiten a los ciudadanos usar fuerza letal para protegerse sin obligación de retirarse. Casos similares han sido noticia en los últimos años: en Misuri, el adolescente Ralph Yarl fue baleado tras tocar el timbre de la casa equivocada; en Nueva York, Kaylin Gillis murió al entrar por error en una entrada privada.
El abogado de la familia de Ríos Pérez celebró la decisión de la fiscalía como “un paso importante hacia la rendición de cuentas, la verdad y la justicia”. El juicio contra Andersen se perfila como un nuevo examen del alcance y los límites de las leyes de defensa propia en Estados Unidos, en un contexto de creciente debate sobre el uso de armas de fuego y la seguridad de las comunidades migrantes.
Con información de la BBC Mundo