Un juez federal rechazó la solicitud del National Trust for Historic Preservation para detener temporalmente la construcción de la nueva sala de baile en la Casa Blanca, un proyecto de 300 millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump. La decisión permite que las obras continúen mientras se desarrolla el proceso judicial.
El grupo de preservación había demandado al gobierno la semana pasada, alegando que la administración inició la renovación sin presentar los planes ante la Comisión de Planificación Nacional de la Capital ni obtener la aprobación del Congreso, requisitos necesarios para construir en terrenos de parques federales en Washington, D.C.
Durante la audiencia, el juez del Tribunal de Distrito, Richard Leon, señaló que el gobierno tiene hasta finales de diciembre para reunirse con la Comisión de Planificación Nacional y la Comisión de Bellas Artes, organismos que aún no han revisado los planes definitivos. El abogado del Departamento de Justicia, Adam Gustafson, reconoció que los diseños no estaban finalizados, mientras que Tad Heuer, representante del National Trust, ironizó que con esta administración “siempre va a suceder en las próximas dos semanas”.
El magistrado adelantó que en enero se celebrará una audiencia para evaluar una orden judicial preliminar. También advirtió que si la construcción subterránea en curso impide modificaciones posteriores, el gobierno debería estar preparado para derribarla.
Según documentos oficiales, el trabajo estructural sobre el suelo comenzaría en abril de 2026, y el proyecto completo estaría listo para el verano de 2028. Trump ha defendido la obra argumentando que permitirá a futuros presidentes organizar grandes eventos bajo techo, en lugar de en el Jardín Sur.
El Ala Este de la Casa Blanca fue demolida en octubre para dar paso a una estructura de 90.000 pies cuadrados que albergará la sala de baile. Ese mismo mes, Trump despidió a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes, que actúa como agencia federal independiente para revisar proyectos arquitectónicos, y aún no ha nombrado reemplazos. Sin nuevos integrantes, la comisión carece de quórum para tomar decisiones oficiales.
El proyecto ha recibido críticas de sectores demócratas y de organizaciones de preservación histórica, que cuestionan tanto la legalidad del proceso como el impacto arquitectónico de la obra en la residencia presidencial.
Con información de Telemundo49