FBI allana vivienda de periodista del Washington Post por filtración de documentos

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Foto: Diario Las Americas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, confirmó el allanamiento de la residencia de Hannah Natanson, periodista del diario The Washington Post. El operativo, ejecutado por el FBI, se enmarca en una investigación federal sobre la difusión de información clasificada relacionada con la seguridad nacional. Según las autoridades, se incautaron dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras para rastrear el origen de datos militares sensibles.

La fiscal Bondi vinculó esta acción con la reciente captura de Aurelio Pérez-Lugones, un subcontratista del Pentágono acusado de sustraer informes de inteligencia de forma ilegal. Aunque los agentes aclararon a Natanson que ella no es el objetivo directo del proceso, el Departamento de Justicia enfatizó que no tolerará la divulgación de secretos que pongan en riesgo a las tropas. El director del FBI, Kash Patel, ratificó que el registro cumplió con los protocolos legales para proteger la integridad de los «combatientes» y la seguridad del país.

Por su parte, el Washington Post calificó el allanamiento como una medida «agresiva e inusual» contra el ejercicio de la prensa. Natanson, quien cubre fuentes del gobierno federal, ha sido reconocida por recopilar testimonios de informantes a través de foros y canales seguros. El diario destacó que este incidente ocurre en un contexto de nuevas políticas restrictivas impuestas por el Pentágono, las cuales prohíben a los medios acreditados publicar ciertos datos de defensa sin una autorización explícita.

El sospechoso de la filtración, Pérez-Lugones, es un veterano de la Marina que enfrenta cargos por retención ilegal de documentos, tras hallarse evidencia en su vehículo y domicilio. Mientras la administración de Donald Trump defiende su postura de «tolerancia cero» ante las filtraciones, el caso ha generado una alerta en las organizaciones de prensa. El desenlace judicial de este caso definirá la relación entre la seguridad del Estado y la protección de las fuentes periodísticas en el país.