Desde el pasado 1 de febrero, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que beneficia a cerca de 42 millones de personas, ha comenzado a implementar cambios drásticos derivados de la ley federal One Big Beautiful Bill. Estas modificaciones buscan reducir el gasto público en 186.000 millones de dólares para el año 2034.
La nueva normativa amplía las exigencias de trabajo para los beneficiarios, eliminando exenciones que existían anteriormente:
- Ampliación de edad: Los adultos sin dependientes de entre 18 y 65 años deben trabajar o participar en actividades productivas al menos 80 horas al mes (el límite anterior era de 55 años).
- Carga familiar: Se imponen requisitos laborales a padres con hijos de 14 años o más.
- Eliminación de exenciones especiales: Veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salen del sistema de crianza temporal (foster care) pierden sus excepciones y ahora deben cumplir con las exigencias de trabajo.
Restricciones migratorias y territoriales
La ley redefine quiénes pueden acceder a la ayuda:
- Estatus migratorio: El acceso se mantiene para ciudadanos y ciertos residentes permanentes, pero se excluye a refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes con presencia legal.
- Criterio por desempleo: Los estados solo podrán extender los beneficios en zonas donde el desempleo local supere el 10%. Además, los gobiernos estatales deberán cubrir ahora el 15% del costo de los beneficios.
Cambios en la cesta de compra y salud
En un intento por influir en los hábitos de consumo, el programa SNAP restringe ahora la compra de productos con alto contenido de azúcar y sodio, tales como:
- Bebidas azucaradas y golosinas.
- Snacks salados y postres preparados. Estos productos representan actualmente cerca del 20% del gasto mensual del programa.
Impacto y controversia
Los estados más afectados por estas medidas incluyen a Florida, Texas, Oklahoma, Louisiana, Colorado y West Virginia. Mientras el Departamento de Agricultura (USDA) sostiene que estos cambios fomentan la «responsabilidad laboral» y combaten el fraude, expertos en políticas públicas advierten que la medida podría disparar la inseguridad alimentaria, señalando que la mayoría de las irregularidades del programa se deben a errores administrativos y no a mal uso por parte de los beneficiarios.