El sistema migratorio de los Estados Unidos atraviesa un cambio de paradigma sin precedentes. Según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las llamadas «deportaciones voluntarias» desde centros de detención alcanzaron un máximo histórico al cierre de 2025, una tendencia que se ha consolidado en las primeras semanas de 2026.
Lo que a principios del año pasado era una opción minoritaria se ha convertido hoy en la vía de salida predominante para miles de extranjeros. En enero de 2025, apenas el 9% de los migrantes bajo custodia optaba por el retorno voluntario a sus países de origen. Sin embargo, al cierre de diciembre, la cifra se catapultó: casi 4 de cada 10 detenidos (un 38%) decidieron desistir de sus procesos legales y abandonar el país por cuenta propia.
Este incremento representa un cambio del 322% en la tasa de salidas voluntarias en tan solo doce meses, lo que los expertos califican como una «estrategia de auto-deportación inducida» por las condiciones del sistema.
Factores determinantes: Desgaste y condiciones de reclusión
Analistas y defensores de derechos humanos coinciden en que este fenómeno no responde a un deseo genuino de regresar, sino a un agotamiento físico y emocional derivado de tres factores clave:
- Endurecimiento de las condiciones: El hacinamiento en los centros de detención, que alcanzó picos de más de 68,000 internos a finales de año, ha deteriorado los servicios básicos y la atención médica.
- Bloqueo de beneficios procesales: La práctica eliminación de las liberaciones bajo fianza o parole ha dejado a los migrantes ante una disyuntiva: permanecer meses —o años— encarcelados esperando una resolución judicial incierta, o aceptar el retorno inmediato.
- Incentivos económicos: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reforzado programas que ofrecen asistencia económica logística para quienes firmen su salida, buscando descongestionar un sistema judicial que acumula millones de casos pendientes.
Implicaciones legales
A diferencia de una orden de deportación formal, la salida voluntaria permite al migrante evitar la prohibición estricta de reingreso al país por periodos de 5 o 10 años. «Muchos eligen esta vía para no cerrar la puerta a una vía legal en el futuro, pero lo hacen bajo una presión psicológica inmensa», explica un portavoz de una organización de asistencia legal en Texas.
Con el presupuesto de detención bajo escrutinio y nuevas directrices federales que priorizan la «expulsión acelerada», se espera que estas cifras continúen en ascenso. Las autoridades defienden la medida como una forma eficiente de gestionar el flujo migratorio sin saturar las cortes, mientras que críticos denuncian que se está erosionando el derecho fundamental a solicitar asilo mediante la coacción del entorno.