En un giro radical de su política ambiental, el presidente Donald Trump anunció este jueves la revocación de la histórica «constatación de peligro» (Endangerment finding), el fundamento legal que permitía al Gobierno federal regular las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio.
La medida, adoptada originalmente en 2009 bajo la administración de Barack Obama, establecía que el dióxido de carbono y otros cinco gases eran contaminantes perjudiciales para la salud pública. Con su eliminación, la Casa Blanca quita el freno legal a las industrias de combustibles fósiles y automotriz, eliminando estándares de emisiones que el mandatario calificó de «carentes de base fáctica».
Impacto económico y desregulación automotriz
Acompañado por el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, Trump justificó la decisión alegando que las normativas actuales imponen tecnologías «odiadas» por los consumidores, citando específicamente los sistemas de apagado automático de motores en semáforos.
Según estimaciones del Gobierno republicano, la derogación de estas restricciones supondrá un ahorro de 1,3 billones de dólares para la economía estadounidense. «Esa determinación no tenía ninguna base fáctica ni legal», sentenció el presidente durante el anuncio, reforzando su postura de que los gases de efecto invernadero no deben ser tratados como contaminantes tradicionales debido a que sus efectos sobre la salud son «indirectos».
Reacciones y consenso científico
La respuesta de los sectores científicos y políticos no se hizo esperar. El expresidente Barack Obama advirtió que, tras esta decisión, los ciudadanos estarán «menos seguros y menos saludables». Por su parte, más de 1.000 expertos firmaron una carta pública recordando que la evidencia sobre el cambio climático es «inequívoca» y más alarmante hoy que en 2009.
El anuncio se produce en un contexto climático crítico: los climatólogos han confirmado que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con fenómenos meteorológicos extremos afectando a gran parte del territorio estadounidense.
El futuro en los tribunales
La revocación de la «constatación de peligro» —que se suma a la reciente salida de EE. UU. del Acuerdo de París— marca el golpe más severo a la acción climática global por parte del principal emisor histórico de contaminantes. No obstante, expertos legales anticipan una batalla judicial prolongada.
Organizaciones ecologistas y varios estados ya preparan impugnaciones que, con alta probabilidad, llevarán el caso hasta la Corte Suprema, donde se decidirá si el Ejecutivo tiene la autoridad para ignorar el consenso científico que vincula las emisiones industriales con la amenaza climática global.