El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles una recompensa de hasta 3 millones de dólares a cambio de información que permita desmantelar las operaciones financieras de las coaliciones criminales Viv Ansanm y Gran Grif. La medida incluye una oferta inédita de «posibilidad de reubicación» para aquellos informantes que ayuden a cortar el flujo de dinero que sostiene el terror en la nación caribeña.
Esta ofensiva busca atacar el corazón logístico de las pandillas, responsables de una espiral de violencia que ha dejado más de 5.500 muertos en el último año y que mantiene bajo asedio a la capital, Puerto Príncipe.
El objetivo: Cortar el «oxígeno» de las bandas
Según la oficina de Rewards for Justice, estas organizaciones han transformado el crimen en una industria altamente rentable. Las autoridades estadounidenses buscan datos precisos sobre:
- Fuentes de ingreso: Esquemas de extorsión masiva, secuestros extorsivos y el robo de cosechas y ganado en departamentos clave como Artibonito.
- Redes de tráfico: Rutas marítimas y terrestres utilizadas para el contrabando de armas y drogas que financian sus arsenales.
- Lavado de activos: El traslado ilegal de fondos desde territorio estadounidense hacia Haití para alimentar las filas de las pandillas.
La cacería de «Barbecue» y sus aliados
Este nuevo incentivo económico se suma a las recompensas vigentes contra los líderes más visibles del caos haitiano:
- Jimmy Cherizier (alias Barbecue): Líder de Viv Ansanm, por quien EE. UU. ofrece 5 millones de dólares desde agosto de 2025.
- Johnson André (alias Izo): Líder de la banda 5 Segond, con una recompensa activa de 1 millón de dólares.
- Bazile Richardson (alias Fredo): Ciudadano haitiano-estadounidense imputado por conspirar para enviar fondos ilícitos desde EE. UU. violando las sanciones federales.
Haití bajo control criminal
El informe más reciente de la ONU detalla una situación catastrófica. Las bandas no solo dominan los barrios, sino que han fortificado corredores estratégicos para controlar el suministro de bienes básicos. Entre marzo de 2025 y enero de 2026, la violencia entre pandillas y grupos de «autodefensa» ha provocado una crisis humanitaria que el gobierno de Trump considera una amenaza directa a la estabilidad regional y a la seguridad fronteriza de los Estados Unidos.
La oferta de reubicación sugiere que Washington espera obtener testimonios de «arrepentidos» o personas muy cercanas a los círculos de poder criminal, garantizando su salida del país a cambio de pruebas que permitan incautar los activos de estas organizaciones terroristas.