En un acto cargado de simbolismo y trascendencia jurídica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) formalizó este miércoles la imputación contra el exdictador cubano Raúl Castro. Los cargos —asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves— responden al derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.
El anuncio fue realizado por el fiscal general interino, Todd Blanche, desde la Torre de la Libertad en Miami, precisamente en el aniversario de la instauración de la República de Cuba en 1902. “Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, sentenció Blanche.
El expediente del 24 de febrero
La acusación reconstruye la cadena de mando que llevó a dos cazas MiG cubanos a interceptar y destruir dos aeronaves Cessna desarmadas sobre el estrecho de Florida. El ataque resultó en la muerte de:
- Carlos Costa (Ciudadano estadounidense)
- Armando Alejandre (Ciudadano estadounidense)
- Mario Manuel de la Peña (Ciudadano estadounidense)
- Pablo Morales (Residente legal)
Mientras La Habana siempre sostuvo que los aviones violaron su espacio aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales. Raúl Castro, quien en 1996 fungía como ministro de las Fuerzas Armadas (FAR), es señalado como el responsable máximo de la operación. Junto a él, la justicia estadounidense imputó a otros cinco militares vinculados a la ejecución del ataque.
Presión diplomática y oferta de ayuda
El anuncio judicial coincidió con un mensaje estratégico del secretario de Estado, Marco Rubio. En un video dirigido al pueblo cubano, Rubio ofreció una «nueva relación» y prometió USD 100 millones en ayuda humanitaria (alimentos y medicinas) para ser distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones caritativas, evitando los canales del régimen.
Rubio fue contundente al señalar la gestión de GAESA, el conglomerado militar fundado por Raúl Castro: “La verdadera razón por la que no tienen electricidad ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”.
Reacción de La Habana y contexto regional
La respuesta del régimen no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel calificó la fecha del 20 de mayo como un recordatorio de «injerencia», mientras que el canciller Bruno Rodríguez tildó de «cínica» la oferta de ayuda en medio del endurecimiento de las sanciones.
La imputación de Castro ocurre en un momento de vulnerabilidad extrema para la isla:
- Colapso energético: Reportes indican que hasta el 59% del país carece de suministro eléctrico de manera simultánea.
- Bloqueo de combustible: Las sanciones de la administración Trump a países que venden petróleo a Cuba han dejado a las centrales eléctricas sin reservas.
- Efecto dominó: La reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha cortado el suministro vital de subsidios que sostenía a la dictadura cubana.
¿Un futuro en los tribunales?
Aunque la ejecución de una captura parece improbable mientras Castro permanezca en la isla, la imputación elimina cualquier posibilidad de legitimidad internacional o inmunidad diplomática futura para el exmandatario. Para la comunidad en el exilio, como expresó el músico Bobby Ramírez frente a la Torre de la Libertad, el acto representa el fin de décadas de impunidad: «Todos esperamos durante mucho tiempo que esto sucediera».