En un movimiento que busca cerrar los espacios de permanencia para los inmigrantes sin autorización legal, el presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que instruye a los bancos a examinar rigurosamente la ciudadanía y el estatus migratorio de sus clientes. La medida, aunque menos severa de lo que se anticipaba, envía un mensaje contundente: el sistema financiero estadounidense no debe ser un refugio para «extranjeros inadmisibles».
La Casa Blanca justifica esta acción bajo la premisa del «riesgo crediticio». Según el argumento oficial, si un cliente es deportado, se genera una vulnerabilidad para la entidad bancaria que podría derivar en impagos, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema.
¿Obligación o recomendación? El pulso con la banca
Aunque informes previos sugerían que la orden haría obligatoria la recopilación de datos sobre ciudadanía, la versión final se presenta como una exigencia de mayor vigilancia y recomendación hacia los reguladores.
- La presión de la industria: Los bancos presionaron intensamente durante meses, alegando que una obligación estricta generaría costos operativos masivos y una carga burocrática insostenible.
- El factor ITIN: Actualmente, miles de trabajadores utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para abrir cuentas o solicitar créditos. La nueva orden pone bajo sospecha estos instrumentos, que históricamente han sido la puerta de entrada financiera para quienes no poseen un Seguro Social.
Voces en contra: El riesgo de la exclusión
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta medida podría empujar a millones de personas a abandonar el sistema bancario formal, aumentando la economía sumergida y la vulnerabilidad de las familias.
“¿Cómo conoce a su cliente si no sabe si tiene estatus legal o ilegal?”, cuestionó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzando la narrativa de que la nacionalidad es un dato indispensable para la seguridad financiera.
Impacto en beneficiarios de DACA y TPS
La orden no llega sola. Se suma a la reciente reclasificación del Departamento del Tesoro que impide a beneficiarios de DACA y TPS acceder a ciertos créditos fiscales reembolsables. Analistas fiscales sugieren que esta combinación de políticas busca desincentivar el uso de servicios públicos y privados, creando un entorno de «autodeportación» financiera.
Contexto electoral y económico
La firma de esta orden ocurre en una semana de victorias para Trump en las primarias republicanas, pero también en medio de una creciente preocupación por el impacto de la guerra con Irán en la economía doméstica. Al ser consultado sobre si estas medidas endurecidas podrían afectar el bolsillo de los estadounidenses, el presidente respondió con un tajante: “Ni un poco”, reafirmando que su prioridad actual es la seguridad nacional y el control fronterizo por encima de las fluctuaciones del mercado.