La administración del presidente Donald Trump intensificó de forma drástica su campaña de máxima presión contra el régimen de Cuba al anunciar este jueves un nuevo y amplio paquete de sanciones económicas y restricciones de visado. Las medidas apuntan de manera directa al entorno familiar del gobernante Miguel Díaz-Canel y del líder histórico Raúl Castro, al tiempo que penalizan a ministerios clave, organizaciones de masas y corporaciones de capital mixto que operan en la isla comunista.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fundamentó la medida señalando que los individuos e instancias penalizadas «sostienen la maliciosa campaña del régimen para subvertir y desestabilizar» la seguridad nacional de los Estados Unidos. El jefe de la diplomacia norteamericana denunció de forma taxativa que, desde los programas iniciales de Fidel Castro para globalizar la ideología marxista, La Habana ha fungido como una base operativa de guerra irregular global que recluta, entrena y equipa a militantes de izquierda violenta y agrupaciones terroristas dentro de la región y en el propio territorio estadounidense.
El cerco al entorno familiar y el cambio de interlocutor
Aunque tanto Miguel Díaz-Canel como el Alejandro Castro Espín (hijo de Raúl Castro) ya figuraban de forma individual en las listas de restricciones estadounidenses, el dictamen emitido por el Departamento de Estado extiende el castigo financiero a sus parientes directos, quienes hasta el momento habían logrado viajar o residir en el exterior sin repercusiones legales:
- Entorno de Díaz-Canel: Fueron sancionados su esposa y primera dama oficiosa, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta. Reportes de inteligencia y fuentes consultadas por El Nuevo Herald revelan que Anido Cuesta, con residencia fija en España, se desplazaba con regularidad al extranjero fungiendo como enviado diplomático oficioso de su padrastro.
- Entorno de Castro Espín: Las penalizaciones alcanzaron a su hijo, Raúl Alejandro Castro Calis.
A nivel estratégico, la inclusión de Alejandro Castro Espín —quien fuera el negociador gubernamental prioritario durante el deshielo diplomático promovido por la administración de Barack Obama— proyecta que la Casa Blanca actual lo considera un obstáculo insalvable para cualquier canal de entendimiento. De hecho, la administración Trump ha elegido marginar su figura y ha seleccionado a un interlocutor diferente dentro del clan familiar: el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Bloqueo a las redes de inteligencia y solidaridad ideológica
El Departamento de Estado también aplicó sanciones de bloqueo de activos y prohibición total de transacciones bancarias o comerciales a organizaciones medulares del aparato político cubano:
Estructuras Ideológicas y de Masas Sancionadas
• Minfar: El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
• CDR: Los Comités de Defensa de la Revolución.
• ICAP: El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y su agencia de viajes Amistur Cuba SA.
De acuerdo con el comunicado de Rubio, el ICAP opera como una fachada que disemina la ideología radical del régimen y brinda apoyo logístico a misiones de inteligencia y contrainteligencia militar en el extranjero. La penalización conjunta de los CDR y el ICAP amenaza con descoyuntar las denominadas «redes de solidaridad» que La Habana utiliza para coordinar agendas y giras de activistas extranjeros procastristas. Paralelamente, una investigación de la cadena Fox reveló que los Departamentos de Justicia y del Tesoro indagan si un grupo de activistas de izquierda estadounidenses incurrió en la violación de leyes federales y de representatividad extranjera tras realizar un viaje reciente a la isla.
Ofensiva minera bajo el amparo del decreto del 1 de mayo
Las disposiciones del jueves se desprenden directamente de una Orden Ejecutiva suscrita por el presidente Trump el pasado 1 de mayo, facultad legal que autoriza la imposición de sanciones «secundarias» a bancos y consorcios internacionales que mantengan vínculos comerciales en sectores estratégicos cubanos como la defensa, la energía y la minería.
Bajo este esquema, el Departamento de Estado sancionó a la firma Minera La Victoria S.A., una empresa mixta de extracción de oro constituida por la corporación estatal cubana Geominera S.A. y la compañía de capitales australianos Antilles Gold Ltd. La medida emula la estrategia punitiva aplicada a principios de este mes contra un socio minero de la firma canadiense Sherritt, lo que forzó a esta última a capitular, anunciando la suspensión de sus operaciones y la liquidación de todos sus intereses financieros en el mercado cubano. Estas firmas se suman a los bloqueos dictados el mes pasado contra el Ministerio del Interior, la policía, la presidencia de la Asamblea Nacional y el poderoso conglomerado militar GAESA, junto a su directora, la general Ania Guillermina Lastres Morera.
Esta ofensiva multisectorial coincide con un escenario de presión sin precedentes en el plano judicial y defensivo: el Departamento de Justicia estadounidense mantiene una acusación penal formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, un crimen en el que perdieron la vida cuatro personas, mientras los mandos del Pentágono actualizan sus planes de guerra para responder a un eventual estallido o crisis humanitaria en la isla.