Opositores políticos y organizaciones defensoras de los derechos civiles arremetieron este lunes contra la administración del presidente Donald Trump, luego de que el Ejecutivo solicitara a la Corte Suprema autorizar la implementación de una orden ejecutiva que busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.
La medida, actualmente pausada por una decisión judicial tras la demanda de casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia, busca limitar la distribución de boletas postales únicamente a los electores verificados mediante registros cruzados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Argumentos de la oposición y reclamos de inconstitucionalidad
Gobernadores y legisladores del Partido Demócrata han calificado la acción ejecutiva como un intento de supresión de votantes que atenta contra las garantías constitucionales:
- Defensa del sistema postal: La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmó que el voto por correo es un mecanismo seguro y accesible, definiendo el recurso de la administración como un «ataque al derecho constitucional de los estadounidenses a votar».
- Impacto en la participación ciudadana: El senador por Arizona, Rubén Gallego, advirtió sobre la afectación directa en su estado, donde cerca del 80% del electorado vota por esta vía, señalando que la medida busca «manipular las elecciones» ante la pérdida de apoyo popular.
- Rechazo en el Congreso: Representantes como Suzan DelBene (Washington) y Stephen Lynch (Massachusetts) reiteraron que la orden ejecutiva sobrepasa las facultades presidenciales sobre los procesos electorales estatales.
Alerta por la representación del voto hispano
Desde el sector activista, Beatriz López, vocera de la organización Voto Latino, advirtió que la restricción afectará disproportionadamente a la comunidad hispana en el país.
López sostuvo que la iniciativa no responde a un esfuerzo de integridad electoral sino a una disputa por el poder, destacando que históricamente el crecimiento del electorado latino ha desencadenado intentos sistemáticos para dificultar su participación en las urnas.