Erik Ventura-Castro, un joven cubano de 24 años y residente de Hialeah, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal por su participación en una red internacional que trasladó irregularmente a ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos. La organización movilizó millones de dólares mediante el uso de solicitudes migratorias fraudulentas y esquemas de lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Ventura-Castro es el primero de 12 imputados en recibir condena dentro de esta causa tras haberse declarado culpable de conspiración para traficar migrantes con fines de lucro y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
Un esquema millonario a través de terceros países
De acuerdo con las investigaciones judiciales, la red operó entre enero de 2021 y junio de 2025. La organización captaba clientes en redes sociales ofreciendo traslados desde la isla hacia territorio estadounidense a precios que oscilaban entre los 1.500 y 40.000 dólares, dependiendo de la ruta, la logística y los documentos facilitados.
Los viajes incluían rutas por terceros países mediante vuelos comerciales y, en ocasiones, el alquiler de aeronaves privadas para trasladar grupos.
El fraude con el sistema ESTA
El método central del grupo consistía en gestionar de forma fraudulenta autorizaciones del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA):
- Falsificación de identidad: Afirmaban falsamente que los ciudadanos cubanos poseían nacionalidades europeas elegibles para el programa sin visado.
- Datos adulterados: Utilizaban direcciones falsas, documentos fabricados y afirmaban que los solicitantes no habían pisado suelo cubano desde 2011, cuando en realidad muchos se encontraban aún en la isla al momento del trámite.
Operaciones financieras y empresa fachada
La fiscalía acreditó que Ventura-Castro promocionó los trayectos, gestionó solicitudes fraudulentas y realizó más de 40 pagos electrónicos para este fin. Asimismo, transfirió más de 97.000 dólares a las Islas Caimán, Colombia y México para la compra de boletos aéreos y logística.
Análisis financieros a 27 cuentas vinculadas con la red revelaron la magnitud del negocio ilegal:
- Ingresos totales: La red ingresó más de 18 millones de dólares.
- Tráficos de dinero: Se detectaron más de 7 millones de dólares transferidos vía plataformas digitales como Zelle y sobre $2,5 millones destinados al pago de aviación y vuelos.
Además, los acusados operaban la firma Asesoría y Servicios Migratorios LLC, entidad desde la cual tramitaban solicitudes de asilo estandarizadas —a menudo sin el consentimiento real de los clientes—, permisos de trabajo y residencias. La acusación también documentó el traslado de menores no acompañados bajo instrucciones de mentir a los agentes fronterizos sobre la identidad de sus acompañantes.
Estado del proceso judicial
Cinco acusados adicionales ya se han declarado culpables y están a la espera de sus sentencias, mientras que otros tres miembros de la red irán a juicio el próximo 21 de septiembre, manteniendo su presunción de inocencia.