El Comité Judicial del Senado se dispone a votar y avanzar la nominación de Todd Blanche como fiscal general y secretario de Justicia de Estados Unidos, tras alcanzarse un acuerdo a última hora entre el Departamento de Justicia y senadores republicanos clave. El pacto elimina de forma vinculante el polémico «fondo contra la instrumentalización» de $1.800 millones de dólares y delimita el alcance de la protección fiscal otorgada al presidente Donald Trump.
El avance de la candidatura de Blanche, quien ejerce de manera interina y fue abogado personal de Trump, se encontraba bloqueado debido a las exigencias de los senadores republicanos John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte). Ambos legisladores habían exigido garantías por escrito para evitar el uso discrecional de recursos públicos y delimitar acuerdos judiciales de la administración.
El origen de la controversia y los términos del acuerdo
El conflicto surgió a raíz de un acuerdo extrajudicial alcanzado en mayo entre el Departamento de Justicia y el presidente Trump. Dicho pacto buscaba resolver una demanda presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales:
- Cancelación del fondo de $1.800 millones: El acuerdo original establecía un fondo especial destinado a indemnizar a supuestas víctimas de «persecución política». Críticos y senadores alertaron que el programa operaría como un fondo discrecional para beneficiar a aliados políticos sin supervisión del Congreso. Mediante una orden formal firmada el 2 de agosto, el Departamento de Justicia anuló definitivamente la creación de dicho fondo.
- Delimitación de la inmunidad fiscal: La resolución original otorgaba protección retroactiva contra auditorías fiscales a Trump, sus hijos y sus empresas. El nuevo documento vinculante aclara que dicho beneficio aplica exclusivamente a las partes firmantes de la demanda y únicamente sobre declaraciones de impuestos ya presentadas.
Posición en el Congreso y próximos pasos
Con el respaldo garantizado de Cornyn y Tillis, el Comité Judicial cuenta con la mayoría necesaria para emitir un dictamen favorable y remitir la nominación al pleno del Senado para su confirmación definitiva.
Por su parte, la bancada demócrata mantiene su oposición frontal. Senadores de la minoría argumentaron que la anulación administrativa de la orden no modifica la esencia del acuerdo judicial de mayo y calificaron el pacto como una concesión insuficiente para garantizar la independencia del Departamento de Justicia.