Una coalición bipartidista de 29 estados inició este martes un juicio federal contra Meta Platforms por presuntamente diseñar Instagram y Facebook con funciones adictivas que perjudican la salud mental de niños y adolescentes.
El proceso, que se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, California, podría provocar cambios profundos en dos de las redes sociales más utilizadas del mundo. Entre las medidas solicitadas se encuentran restricciones de edad, la eliminación del desplazamiento infinito y nuevas limitaciones sobre el tratamiento de datos personales de menores.
Estados acusan a Meta de crear plataformas adictivas
California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky encabezan el caso en representación del grupo de estados. Sus fiscales sostienen que Meta diseñó deliberadamente determinadas funciones para mantener conectados durante más tiempo a los usuarios jóvenes.
La demanda también acusa a la compañía de ofrecer información engañosa sobre la seguridad de sus plataformas y de recopilar datos personales de menores de manera contraria a la legislación federal.
Durante el juicio, que podría prolongarse varias semanas, se espera la comparecencia del fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, así como la del responsable de Instagram, Adam Mosseri.
Las posibles sanciones contra Meta
La compañía advirtió que las penalizaciones podrían alcanzar hasta 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor total de mercado. Sin embargo, los fiscales generales señalaron que una eventual sanción podría situarse más cerca de los 200.000 millones de dólares.
Más allá de la multa económica, el verdadero impacto estaría en las modificaciones que el tribunal podría ordenar para Instagram y Facebook en todo el país.
La decisión final corresponderá a la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. Un jurado de ocho integrantes escuchará los argumentos y emitirá un veredicto consultivo, pero no vinculante.
Meta rechaza las acusaciones
Meta sostiene que ha realizado importantes inversiones para proteger a los adolescentes y niega haber engañado a los consumidores. La empresa también asegura que los estados no han demostrado daños concretos entre sus residentes.
El proceso representa la mayor prueba judicial hasta ahora para la industria de las redes sociales por sus posibles efectos sobre los menores. Su resultado podría establecer un precedente para otras compañías tecnológicas y acelerar nuevas regulaciones en Estados Unidos.
La demanda surgió de una investigación iniciada después de que la exempleada de Meta Frances Haugen afirmara ante el Senado, en 2021, que la empresa conocía algunos riesgos de sus productos para los jóvenes.