La polémica orden ejecutiva del gobierno estadounidense que afectaría la ciudadanía por nacimiento en el país ha sido puesta en pausa. El juez federal Joseph Laplante tomó esta determinación el 10 de julio, al aprobar una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos. Este representa el primer revés legal considerable para la administración, especialmente tras la reciente decisión de la Corte Suprema que limitó la facultad de los jueces para anular medidas presidenciales.
Revés legal para Donald Trump. El 10 de julio, el juez federal Joseph Laplante en Concord, New Hampshire, impidió al Gobierno de Estados Unidos implementar su decreto que restringe la ciudadanía por nacimiento en el país.
Durante la audiencia de este jueves, Laplante tomó esta decisión tras recibir la solicitud de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes para que se reconociera como demanda colectiva un recurso que presentaron en representación de cualquier bebé cuya ciudadanía estuviera en riesgo debido a la aplicación de la orden del presidente.
Este es un aspecto crucial, ya que al permitir que los denunciantes actúen como grupo, el juez da luz verde para emitir una nueva orden judicial que detenga la aplicación de la orden presidencial en todo el país.
Este es el primer revés legal que enfrenta el presidente desde que el 27 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos limitara el poder de los jueces para obstaculizar sus políticas con órdenes judiciales a nivel nacional.
A finales del mes pasado, la Corte Suprema, sin pronunciarse específicamente sobre la legalidad de las políticas de Trump, limitó la capacidad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a gran escala, dejando la posibilidad de revocar el decreto en manos de las demandas colectivas.
Antes de este fallo de la Corte, varios jueces federales habían emitido órdenes judiciales a nivel nacional para bloquear la entrada en vigor de la orden presidencial.
Laplante, quien definió la ciudadanía como «el mayor privilegio que existe en el mundo«, indicó que suspendería su fallo por unos días para dar la oportunidad a la Administración de Trump de apelar, y que al final del día se emitiría una decisión por escrito.
Detalles de la demanda
La demanda aprobada como colectiva fue presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones solo pocas horas después de la decisión de la Corte Suprema del 27 de junio.
El recurso fue interpuesto en nombre de personas no ciudadanas que residen en Estados Unidos cuyos bebés podrían verse afectados.
Este tipo de demandas requiere lo que se conoce como «representantes de la clase«, que son individuos que representan a los miembros del grupo que presenta la demanda.
Entre los representantes propuestos para este caso se encuentran: una solicitante de asilo de Honduras que espera un bebé para octubre y un brasileño que busca obtener la residencia permanente y cuya esposa dio a luz en marzo pasado.
El núcleo del asunto radica en lo que establece la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que afirma: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos«.
¿Qué argumenta el Gobierno de Trump?
Frente a esta disposición constitucional, el Gobierno de Trump argumenta que la expresión “sujeta a jurisdicción” otorga a la nación el derecho de rechazar la ciudadanía a los bebés nacidos de padres que se encuentran en el país de manera irregular, lo que significaría el fin de lo que se ha considerado, durante más de un siglo, como un elemento fundamental de la legislación estadounidense.
Simultáneamente, en relación a la controversia legal en New Hampshire, los abogados del Gobierno republicano han indicado que “las interpretaciones erróneas anteriores de la cláusula de ciudadanía han generado un incentivo perjudicial para la inmigración ilegal, afectando negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de esta nación”.
Por su parte, Laplante, quien previamente había emitido una orden judicial para restringir el mandato de Trump, ha declarado que, aunque no desprecia los argumentos del Gobierno, los considera poco persuasivos.
El juez afirmó que la decisión de dictar una orden judicial en su momento no fue arriesgada, y que la privación de la ciudadanía estadounidense claramente representa un daño irreversible.
A pesar del fallo del Supremo, las órdenes judiciales continúan
Aunque la resolución de la Corte Suprema facilitó el avance del decreto ejecutivo, que fue celebrada por la Administración de Trump como un gran triunfo, los jueces federales han seguido emitiendo decisiones contundentes que bloquean partes esenciales del plan del republicano que consideran ilegales.
El Supremo ordenó a los tribunales inferiores que reconsideren el alcance de tres medidas cautelares que habían impedido la implementación de la orden de Trump en cualquier lugar de Estados Unidos contra cualquier individuo.
Esto se decidió después de dictaminar que los jueces no tienen la autoridad para emitir las llamadas “medidas cautelares universales” que afectan a personas que no son partes en la demanda ante un juez.
Por el momento, la orden de Laplante establece una suspensión de siete días para posibilitar la apelación, y se espera la respuesta a ese recurso que, previsiblemente, presentará la Administración del republicano.
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