“No más caos. No más anarquía. Si pones las manos sobre un oficial, serás arrestado. Ley y orden ganarán el día.” Con esta frase, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una severa advertencia a los manifestantes que protestan frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, en medio de una escalada de enfrentamientos y detenciones.
La declaración se produce tras una serie de disturbios registrados en la ciudad, donde las protestas contra las redadas migratorias y el despliegue de tropas federales han derivado en choques con agentes del orden. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su estrategia de “ley y orden”, enviando más de 200 elementos de la Guardia Nacional de Oregón sin el consentimiento de las autoridades locales.
El sábado 4 de octubre, manifestantes se congregaron frente a un centro de ICE en Portland. Lo que comenzó como una protesta pacífica se tornó violento tras el uso de gases lacrimógenos y granadas de humo por parte de agentes federales. Al menos seis personas fueron detenidas.
La fiscal general Pam Bondi anunció el despliegue de una “Fuerza Especial de Protección del ICE” en todo el país, con la misión de “arrestar a agitadores violentos” y presentar cargos federales severos. Según Bondi, los ataques contra agentes del ICE han aumentado más de un 1000% desde enero.
Choque entre poderes
La gobernadora Tina Kotek y el alcalde Keith Wilson calificaron el despliegue como “innecesario e ilegal”. Una jueza federal emitió una orden de restricción temporal que bloquea el uso de tropas federales en Portland hasta el 18 de octubre, argumentando que “no existe amenaza a la seguridad nacional” y que la medida viola la Décima Enmienda.
La Casa Blanca respondió con una apelación y acusó a la jueza de librar una “guerra legal” contra el gobierno. Mientras tanto, la tensión se extiende a otras ciudades como Chicago, donde también se han desplegado tropas tras redadas migratorias.
El conflicto entre poderes estatales y federales, sumado a la creciente polarización política, convierte a Portland en un epicentro de la batalla por el control de las calles y la narrativa pública. Para el gobierno federal, se trata de proteger activos estratégicos. Para los manifestantes, es una lucha contra lo que consideran una política migratoria agresiva y autoritaria.