Los síndicos procuradores de la quiebra del Banco del Orinoco NV presentaron una denuncia penal ante la oficina del fiscal general de Curazao, en la que acusan al grupo propietario de la entidad financiera de incurrir en los delitos de “quiebra fraudulenta” y “forjamiento”. La acción judicial apunta directamente al empresario venezolano Víctor Vargas Irausquín y a otros miembros de la junta directiva del grupo Cartera: Joel Santos, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.
El documento, firmado por los síndicos Michiel Gorsira y Danilo Narváez, considera probados ambos delitos. Según la denuncia, la responsabilidad penal por el forjamiento recaería exclusivamente en Vargas.
La quiebra del Banco del Orinoco fue declarada en 2019, luego de que el Banco Central de Curazao revocara la licencia de operación que la entidad mantenía desde 1993. Las primeras señales de alerta surgieron durante auditorías realizadas por la firma KPMG en 2016 y 2017, cuando se cuestionó la existencia de un portafolio de bonos que debía respaldar los depósitos de más de 7.200 cuentahabientes, por un total de 892 millones de dólares.
Los auditores expresaron dudas sobre la propiedad real de esos bonos por parte del grupo Vargas, lo que impedía incluirlos en los estados financieros del banco. A pesar de ello, Cartera sostuvo que los papeles tenían un valor nominal de 1.500 millones de dólares, suficiente —según ellos— para cubrir las obligaciones con los clientes.
Negociaciones fallidas y falta de transparencia
Tras la declaración de quiebra, el grupo Cartera prometió buscar un arreglo crediticio inmediato, pero luego inició una negociación con los acreedores que se extendió por cuatro años. En ese lapso, presentaron un memorándum de entendimiento cuyos términos, según la denuncia, fueron incumplidos.
Durante este proceso, los cuentahabientes comenzaron a notar la falta de información concreta sobre los activos del banco. En noviembre de 2024, durante una audiencia judicial, los acreedores rechazaron una nueva propuesta de acuerdo, lo que marcó un punto de quiebre en la relación con los representantes del BdO NV.
La denuncia penal exige que los accionistas, directores y beneficiarios finales del Banco del Orinoco comparezcan ante las autoridades judiciales de Curazao para explicar el destino de aproximadamente 854 millones de dólares adeudados a los clientes. El caso, que involucra a más de 2.400 personas naturales y jurídicas, sigue bajo investigación.
Lea más en CrónicasdelCaribe