El congresista republicano Randy Fine ha sacudido el tablero geopolítico internacional al presentar este lunes la “Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia” (Greenland Annexation and Statehood Act). El proyecto de ley busca otorgar facultades extraordinarias al presidente Donald Trump para asegurar la adquisición del territorio danés y su integración formal como el estado número 51 de la Unión, una medida que la Casa Blanca ya ha calificado como una prioridad estratégica de seguridad nacional.
La propuesta legislativa fundamenta la urgencia de la anexión en la necesidad de consolidar el control estadounidense sobre el Ártico, un área donde el aumento de la influencia de Rusia y China sobre las rutas marítimas es visto como una amenaza directa al flanco norte de EE. UU. Como parte de una estrategia para ganar el favor local, la administración Trump estaría considerando un plan de incentivos económicos sin precedentes: pagos directos de hasta 100,000 dólares para cada uno de los 57,000 residentes de la isla, con el fin de fomentar su separación de la soberanía danesa.
La reacción internacional ha sido inmediata y contundente, provocando una de las crisis más profundas en la historia de la OTAN. El gobierno de Dinamarca ha rechazado oficialmente la propuesta, reiterando que “Groenlandia no está en venta” y advirtiendo que cualquier intento de toma no negociada constituiría una violación flagrante al derecho internacional. A esta postura se han sumado Alemania, Francia y el Reino Unido, cuyos líderes emitieron una declaración conjunta advirtiendo que una anexión forzada podría fracturar de forma irreversible la alianza atlántica.
En el plano interno, el Congreso de EE. UU. ya anticipa una batalla legislativa. Mientras la Casa Blanca insiste en que el territorio será obtenido «de una forma u otra», la oposición demócrata, liderada por el congresista Jimmy Gomez, ha presentado la “Ley de Protección de la Soberanía de Groenlandia”. Este proyecto busca bloquear el uso de cualquier fondo federal para fines de adquisición territorial, estableciendo un muro legal frente a las ambiciones de expansión de la administración actual sobre el territorio ártico.