El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, declaró este jueves el estado de emergencia nacional respecto a Cuba, al considerar que las acciones del Gobierno de la isla representan una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. La orden ejecutiva, firmada el 29 de enero, entrará en vigor a partir de las 12:01 a.m. de este viernes.
El documento oficial acusa al régimen cubano de alinearse con potencias hostiles —mencionando explícitamente a Rusia, China e Irán— y con organizaciones señaladas como terroristas por Washington, entre ellas Hamás y Hezbolá. Asimismo, la Casa Blanca sostiene que la isla posee capacidades militares y de inteligencia que suponen un riesgo directo para el territorio estadounidense.
En el plano de los derechos humanos, la administración Trump denunció que el Gobierno de La Habana «persigue y tortura a sus oponentes políticos», restringiendo de manera sistemática las libertades de expresión y de prensa.
Presión arancelaria y el factor petróleo
La medida introduce un mecanismo de presión económica inédito: la creación de un sistema arancelario especial. Bajo este esquema, Estados Unidos podrá imponer gravámenes adicionales a los productos importados desde países que suministren petróleo a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta.
La implementación de estas sanciones dependerá de una coordinación ministerial:
- El secretario de Comercio, Howard Lutnick, identificará a las naciones proveedoras de crudo.
- El secretario de Estado, Marco Rubio, determinará la magnitud del arancel que se aplicará a dichas naciones.
Contexto regional
Esta escalada se produce en un escenario de alta tensión regional, tras la operación militar estadounidense en Venezuela el pasado 3 de noviembre que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Según analistas, Washington busca capitalizar la interrupción del suministro de crudo venezolano para forzar una fractura en el sistema político cubano, actualmente debilitado por una severa crisis social.
La orden deja abierta una vía diplomática, señalando que las medidas podrán ser modificadas o levantadas si La Habana adopta «cambios significativos» en su política exterior y se alinea con los intereses de seguridad de Estados Unidos.