En una reciente entrevista, el presidente Donald Trump hizo un llamado a los republicanos para «nacionalizar el voto» y tomar el control de los procesos electorales en al menos 15 localidades estratégicas. Esta declaración surge mientras su administración impulsa reformas estructurales a las reglas de votación de cara a los comicios intermedios de este año.
Las palabras del mandatario coinciden con el reciente allanamiento del FBI a una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia. El operativo, vinculado a una investigación del Departamento de Justicia sobre presunto fraude, busca incautar registros electorales en una zona que ha sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de Trump desde las elecciones de 2020.
La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, confirmó que el presidente tuvo un rol activo en la coordinación de dicha búsqueda, llegando incluso a mantener contacto telefónico con los agentes involucrados en el operativo para ofrecerles palabras de aliento.
Reformas y decretos en disputa
Históricamente, las elecciones en EE. UU. son gestionadas por funcionarios estatales y locales; sin embargo, la actual administración ha intentado modificar esta dinámica mediante diversas medidas:
- Pruebas de ciudadanía: Un decreto presidencial busca exigir documentos que acrediten la ciudadanía al momento del registro.
- Voto por correo: El Ejecutivo ha propuesto prohibir el conteo de papeletas que lleguen después del día de la elección, aunque esta medida enfrenta bloqueos en tribunales federales.
- Registros personales: El Departamento de Justicia ha demandado a dos docenas de estados para obtener bases de datos completas de votantes, incluyendo números de Seguro Social y direcciones.
Reacción de los estados
La posibilidad de una intervención federal directa ha generado preocupación entre funcionarios electorales de diversos estados. Secretarios de Estado demócratas, como Steve Simon de Minnesota, han manifestado que ya se encuentran en una fase de «planificación legítima» para proteger la privacidad de los votantes y gestionar las interacciones con las fuerzas del orden federales en los centros de votación.
Aunque los funcionarios evitan dar detalles para no alertar a la población, aseguran que se están preparando para los riesgos que, según consideran, plantean las nuevas políticas de la administración central.