Una jueza federal del Distrito de Columbia emitió este lunes una orden de suspensión temporal que bloquea la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 ciudadanos haitianos. La medida evita, por ahora, que miles de personas pierdan su permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, cuya expiración estaba prevista para este martes.
En un extenso fallo de 83 páginas, la jueza Ana Reyes concedió la solicitud de un grupo de beneficiarios del TPS, quienes impugnaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los puntos clave del dictamen incluyen:
- Falta de revisión de seguridad: La jueza señaló que el DHS no cumplió con el requisito legal de evaluar si las condiciones en Haití (actualmente afectado por violencia de bandas y crisis institucional) son seguras para el retorno de los ciudadanos.
- Sesgo ideológico: El fallo sugiere que es «bastante probable» que la decisión de terminar el programa estuviera influenciada por una hostilidad previa hacia los inmigrantes no blancos.
- Críticas a la secretaria del DHS: Reyes criticó duramente a la secretaria Kristi Noem por referirse públicamente a ciertos inmigrantes como «asesinos» o «sanguijuelas», considerando que estas declaraciones sugieren una decisión «predeterminada» basada en prejuicios.
Comentarios de la administración Trump
El fallo también cita una serie de declaraciones del presidente Donald Trump como evidencia de animosidad racial, mencionando desde comentarios despectivos sobre el país de origen hasta la difusión de teorías infundadas sobre inmigrantes en Springfield, Ohio.
Haití se suma a una lista de países, como Honduras, Nepal y Sudán del Sur, cuyas designaciones de TPS la administración ha intentado cancelar en su esfuerzo por reducir la inmigración, aunque muchos de estos intentos han sido frenados en tribunales.
La postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
Por su parte, el DHS defendió su postura afirmando que el TPS ha sido utilizado erróneamente por administraciones anteriores como un «programa de asilo de facto». La portavoz de la entidad, Tricia McLaughlin, rechazó los argumentos sobre la necesidad laboral de estos inmigrantes, calificando de «falsa y negligente» la idea de que la permanencia de extranjeros sea la única vía para sostener sectores como el cuidado de adultos mayores.
El TPS para Haití se otorgó inicialmente tras el terremoto de 2010. Desde entonces, ha sido renovado debido a la inestabilidad crónica del país, que incluye el asesinato de su presidente en 2021 y una crisis de seguridad alimentaria. El programa exige que los beneficiarios no tengan antecedentes penales graves para mantener su estatus.