Ante la parálisis indefinida en la adjudicación de residencias permanentes para ciudadanos cubanos, un equipo de abogados de inmigración ha anunciado la preparación de una demanda federal contra el USCIS. La acción legal busca obligar al gobierno de Estados Unidos a procesar más de 100,000 casos que se encuentran en un «limbo» administrativo, afectando la estabilidad económica y legal de miles de familias.
El problema: Pausa indefinida y denegación de permisos
Según la abogada Claudia Cañizares, la administración federal ha reconocido que la suspensión de estos procesos no tiene una fecha de finalización clara. Esta espera ha generado un efecto dominó:
- Denegación de permisos de trabajo: Al no avanzar la residencia, muchos solicitantes pierden su autorización para trabajar legalmente.
- Inseguridad jurídica: Los afectados cumplen con los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano, pero el gobierno ha reservado el derecho de revisar la suspensión de trámites a su discreción.
¿Quiénes pueden unirse a la demanda?
La demanda grupal (o class action) está abierta para ciudadanos cubanos que no estén detenidos y que hayan ingresado a EE. UU. bajo los siguientes programas:
- Programa de Reunificación Familiar.
- Parole Humanitario.
- Citas mediante CBP One.
- Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Costos y opciones de financiamiento
El equipo legal, encabezado por Cañizares y el abogado Mark Prada, ha establecido una estructura de honorarios con opciones de crédito y planes de pago:
- Individual: $4,000.
- Parejas o Madres solteras con hijos: $6,000.
- Familias de 4 o más miembros: $8,000.
«Si logramos un acuerdo con el gobierno, los casos podrían resolverse en un periodo de uno a tres meses», afirmó Cañizares, quien además aseguró que existen protecciones legales para evitar represalias migratorias contra los demandantes.