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Constitución vs. Orden Ejecutiva: El histórico pulso de Trump sobre quién es estadounidense

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Durante generaciones, la premisa de que cualquier bebé nacido en los Estados Unidos es automáticamente ciudadano ha sido un pilar indiscutible del derecho constitucional. Sin embargo, este miércoles, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará argumentos que podrían resquebrajar ese consenso. El tribunal evaluará la legalidad de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes temporales.

Lo que inicialmente fue calificado por muchos juristas como una teoría marginal, ha ganado tracción en los últimos años. Académicos conservadores y expertos del Departamento de Justicia instan ahora al tribunal a reexaminar la Enmienda 14, ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos tras la Guerra Civil. El núcleo de la disputa reside en una frase de cuatro palabras: los nacidos en el país deben estar “sometidos a su jurisdicción”.

El peso de la historia y el «originalismo»

El gobierno de Trump sostiene que la interpretación histórica de esa frase ha sido errónea durante décadas. Argumentan que el concepto de jurisdicción implica una «lealtad política completa», algo que, según el Departamento de Justicia, no poseen los hijos de quienes han entrado al país ilegalmente o de quienes mantienen vínculos permanentes con otras naciones.

Para los jueces de la mayoría conservadora, que se identifican como originalistas —aquellos que interpretan la Constitución según su significado original en el momento de ser escrita—, este caso representa un dilema profundo. Algunos estudios recientes, citados por profesores de derecho como Ilan Wurman, sugieren que el precedente clave de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, no es aplicable a la situación actual. En aquel caso, el tribunal otorgó la ciudadanía a un hijo de padres chinos, pero estos eran residentes legales permanentes, una distinción que el equipo de Trump considera fundamental.

“La sabiduría convencional podría no ser correcta”, sostiene Wurman, argumentando que la cuestión de los hijos de inmigrantes indocumentados sigue siendo, técnicamente, una cuestión abierta para el tribunal.

Un choque de valores fundamentales

Por otro lado, los grupos que impugnan la orden, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advierten que el intento de Trump de redefinir la ciudadanía por decreto ejecutivo es una extralimitación de poder sin precedentes. Subrayan que tanto el Congreso como los presidentes anteriores han aceptado una lectura amplia de la Enmienda 14, viéndola como una salvaguarda de la igualdad de oportunidades.

“Teorías que antes eran argumentos marginales han sido convertidas en políticas por este gobierno”, afirmó Taryn Wilgus Null, abogada del Fondo de Defensores de la Democracia. Para los opositores, la orden no solo afectaría a los indocumentados, sino que crearía un sistema de castas de ciudadanos, obligando a miles de padres con estatus legal temporal —como estudiantes o solicitantes de asilo— a demostrar su condición migratoria para que sus hijos sean reconocidos como estadounidenses.

El tribunal como árbitro final

La Corte Suprema ya ha propinado derrotas recientes a la administración Trump, como la invalidación de aranceles comerciales el mes pasado. No obstante, el fallo de junio pasado que limitó la capacidad de los jueces inferiores para bloquear órdenes ejecutivas nacionales dio a la Casa Blanca una victoria procesal que allanó el camino para la audiencia de este miércoles.

Incluso juristas conservadores de renombre, como Michael W. McConnell, han expresado cautela. Aunque reconocen la seriedad de las nuevas investigaciones históricas, muchos coinciden en que el texto de la Constitución es lo suficientemente amplio como para resistir el intento de reinterpretación de Trump. El fallo no solo determinará el estatus de cientos de miles de niños nacidos cada año, sino que definirá si el poder presidencial tiene la facultad de alterar, mediante una firma, uno de los principios más arraigados de la identidad nacional estadounidense.

Información de NYTime