A pesar de contar con el certificado de ocupación y estar completamente equipado, el Miami Center for Mental Health and Recovery continúa con sus puertas cerradas. Mientras tanto, cientos de personas con enfermedades mentales severas siguen ocupando celdas en las cárceles de Miami-Dade, en un ciclo que el Defensor Público, Carlos Martínez, califica como una crisis de voluntad en la Comisión del Condado.
El centro, ubicado en el 2200 NW 7th Ave, fue aprobado por los votantes hace más de 20 años (en 2004). Hoy cuenta con 208 camas, unidades de estabilización de crisis, tribunales integrados y programas de capacitación laboral. Sin embargo, el edificio permanece como un monumento a la burocracia mientras la Comisión vuelve a debatir esta semana su apertura.
El costo de la inacción: 413 millones de dólares
El juez retirado Steve Leifman, quien ha liderado este proyecto por décadas, advierte que mantener el centro cerrado no solo es un error humanitario, sino un desastre financiero para los contribuyentes.
- El ciclo del gasto: En los últimos cinco años, unas 16,400 personas elegibles para tratamiento pasaron 1.2 millones de días en la cárcel, costándole al sistema 413 millones de dólares.
- El caso de los «97»: Un estudio identificó a 97 personas que, en solo cinco años, fueron arrestadas 2,200 veces y pasaron 27,000 días en prisión. «Les costaron decenas de millones de dólares y no logramos nada», señaló Leifman.
- Mantenimiento inútil: El solo hecho de tener el edificio cerrado le cuesta al condado 5 millones de dólares anuales.
El nudo del conflicto: Financiamiento a largo plazo
Aunque la alcaldesa Daniella Levine Cava y varios comisionados han expresado su apoyo, el punto de discordia es la sostenibilidad financiera. Actualmente, el centro cuenta con fondos para operar por solo dos años, pero la Comisión busca un plan sólido que garantice su funcionamiento a largo plazo.
Para los defensores del proyecto, la negativa resulta incomprensible: el centro solicita 10 millones de dólares anuales para operar, una fracción mínima comparada con los 413 millones que el condado ya gasta encarcelando a esta población por falta de alternativas.
Un modelo de recuperación, no de castigo
De aprobarse su apertura este miércoles, el centro podría atender hasta 9,000 personas al año. El modelo propone una estancia de hasta 90 días donde los pacientes recibirían:
- Tratamiento psiquiátrico y estabilización de crisis.
- Clínicas médicas y programas educativos.
- Capacitación para el empleo y transición a viviendas permanentes.
«El lugar está listo para abrir, pero el problema está en la comisión», sentenció Carlos Martínez. La sesión de este miércoles determinará si Miami-Dade finalmente decide romper el ciclo de criminalización de la salud mental o si el centro de 208 camas seguirá acumulando polvo mientras las cárceles continúan haciendo la función de hospitales psiquiátricos.