El gobierno cubano reaccionó con dureza este miércoles tras la imputación de Raúl Castro en Miami por su presunta implicación en el derribo de dos avionetas desarmadas sobre el estrecho de Florida en 1996, un hecho que provocó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses. La administración de Miguel Díaz-Canel calificó los cargos federales como un “pretexto político” destinado a justificar un eventual ataque militar contra la isla, en una escalada retórica que refleja la tensión persistente entre Washington y La Habana.
Díaz-Canel aseguró que la imputación carece de fundamentos jurídicos y busca únicamente engrosar el expediente que, según él, Estados Unidos podría utilizar como excusa para una intervención militar. “Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, afirmó el mandatario en un comunicado dirigido a la población.
El líder cubano también aprovechó para responsabilizar nuevamente a las sanciones estadounidenses por la crisis económica que enfrenta la isla, calificando el embargo como un “castigo colectivo” que afecta directamente a la población. Díaz-Canel sostuvo que el gobierno estadounidense intenta culpar a La Habana por las dificultades de los ciudadanos mientras mantiene restricciones que impiden el acceso a recursos esenciales y financiamiento internacional. “Ahora dicen cínicamente que no existe bloqueo petrolero a Cuba, que todo lo que sufre nuestro pueblo es culpa del gobierno cubano. La culpa es de quienes ordenan cerrar todos los accesos a recursos materiales y financieros… Quiten el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos”, declaró.
La imputación de Raúl Castro, realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un evento celebrado en la Torre de la Libertad en Miami, incluye a cinco personas más y se sustenta en un audio en el que Castro habría ordenado derribar las avionetas Cessna, en las que murieron Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, residente en Estados Unidos.
En medio de esta polémica, Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez también arremetieron contra el secretario de Estado Marco Rubio, señalando a su familia y su influencia política en Miami. Rubio, por su parte, responsabilizó al conglomerado militar GAESA de controlar gran parte de la economía cubana y de agravar la crisis humanitaria en la isla, reforzando la narrativa de que la ineficacia gubernamental y el control militar están directamente ligados al sufrimiento del pueblo cubano.
Esta escalada de acusaciones refleja la tensión histórica entre Washington y La Habana, y marca un nuevo capítulo en la confrontación política que mantiene a Cuba bajo un intenso escrutinio internacional, mientras Estados Unidos continúa señalando a los responsables del deterioro económico y la falta de libertades en la isla.