La organización no gubernamental Foro Penal informó en su más reciente balance actualizado que en Venezuela se contabilizan 404 presos políticos, de los cuales 39 poseen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. La cifra oficial representa una disminución de cinco personas en comparación con el registro precedente emitido por la ONG, la cual mantiene un monitoreo constante sobre los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos en la nación suramericana.
El desglose técnico de los datos recopilados por la entidad detalla que de los 404 detenidos actuales, 369 corresponden al sexo masculino y 35 son mujeres. Asimismo, el informe clasifica a la población reclusa bajo los siguientes parámetros institucionales y judiciales:
- Condición civil y militar: Un total de 225 internos figuran como civiles —núcleo que incluye a un adolescente—, mientras que los 179 restantes pertenecen a los distintos componentes de los cuerpos militares del país.
- Estatus procesal: Del universo global de detenidos, 167 personas ya han recibido una condena judicial en firme y 237 todavía se encuentran a la espera de que los tribunales dicten una sentencia formal.
Con este balance actualizado, la ONG registra un acumulado histórico de 19,102 detenciones con fines políticos en el territorio venezolano desde el año 2014.
Brecha entre las promesas gubernamentales y las excarcelaciones reales
Foro Penal remarcó que, a pesar de los recientes anuncios emitidos por la cúpula oficial, el volumen de excarcelaciones efectivas no ha logrado reducir de manera sustancial la cifra neta de presos políticos en las cárceles del país.
Hace dos semanas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó de forma pública la liberación de aproximadamente 300 ciudadanos, una disposición vinculada directamente a la aplicación de las medidas de amnistía que fueron aprobadas por el Parlamento venezolano en febrero. En consonancia con este plan, la presidenta de transición, Delcy Rodríguez, aseveró que las autoridades concretarían un piso de 500 excarcelaciones en el corto plazo; no obstante, activistas y familiares de los detenidos denunciaron que una parte considerable de dichos ofrecimientos institucionales continúan pendientes de ejecución.
Entre los ciudadanos que sí recuperaron su libertad en este periodo reciente figuran:
- Tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que cumplían penas de 30 años de prisión por hechos relacionados con los sucesos del intento de golpe de Estado de 2002.
- Una adolescente de 16 años de edad.
- Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien cumple una sentencia de 24 años de reclusión tras ser acusado de coparticipar en una incursión marítima frustrada en mayo de 2020 contra la administración de Nicolás Maduro.
- Distintos efectivos militares que permanecieron confinados por espacio de casi una década bajo cargos de conspiración, listado que incluye de manera póstuma al exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia estatal en el año 2021.
- El exalcalde de la oposición Nervins Sarcos, excarcelado tras purgar dieciséis meses de presidio por presuntos nexos con el tráfico de estupefacientes y redes delictivas.
Presión de Washington y denuncias por la muerte de Quero Navas
El contexto penitenciario venezolano coincidió con un pronunciamiento del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien en una comparecencia ante la Cámara de Representantes urgió a la conformación de una nueva comisión electoral para apuntalar el proceso de transición iniciado a comienzos de año tras el cambio de régimen. Rubio puntualizó que para que las elecciones gocen de plena legitimidad, la estrategia de Washington contempla como requisitos de viabilidad el restablecimiento de una prensa independiente y el otorgamiento del tiempo y las garantías necesarias para la libre reorganización de los partidos políticos multipartidistas.
Paralelamente, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión volvieron al primer plano tras conocerse el caso de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 50 años arrestado en enero de 2025 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Quero Navas, acusado de terrorismo y conspiración, permaneció meses bajo la condición de desaparición forzada. No fue sino hasta mayo que el Ministerio de Servicio Penitenciario certificó formalmente su fallecimiento, fijando como fecha del deceso el 24 de julio de 2025 en el internado judicial de Rodeo I, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar. El hecho suscitó reclamos generalizados por parte de la sociedad civil, agravados tras confirmarse que la madre del comerciante, Carmen Navas, falleció diez días después de la notificación tras meses de búsquedas infructuosas ante los despachos oficiales.
Nota de prensa