El escrutinio de la segunda vuelta presidencial avanza en medio de una tensión máxima y confirma un escenario de paridad absoluta que obligará al país a esperar semanas para conocer a su próximo mandatario. Con más de 27 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir al noveno presidente en una década, Perú vuelve a quedar fracturado en dos mitades matemáticas que representan los extremos más distantes de su espectro ideológico.
Con cerca del 92% de las actas procesadas oficialmente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de derecha Keiko Fujimori (Fuerza Popular, 51 años) sostiene una ventaja milimétrica con el 50,2% de los sufragios frente al 49,7% que obtiene el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, 57 años). Sin embargo, la tendencia se mantiene completamente abierta debido al avance del voto en las zonas rurales y del sur del país, circuitos donde Sánchez goza de una amplia popularidad y que en las últimas horas han recortado la diferencia a solo décimas de punto.
El reflejo de este empate técnico quedó sellado desde la noche del domingo por el conteo rápido de la encuestadora Ipsos y la ONG Transparencia —históricamente el indicador más fiable del desenlace electoral peruano—, el cual invierte el orden y otorga un 50,3% a Sánchez frente a un 49,7% a Fujimori. Los sondeos previos a boca de urna de Ipsos (50,7% a 49,3% a favor de Fujimori) y Datum (50,53% a 49,47% también para la conservadora) ya habían anticipado un desenlace de pronóstico reservado.
Métricas del Empate Técnico (Corte al 92% de Actas) • Datos Oficiales ONPE: Fujimori 50,2% vs. Sánchez 49,7% (Brecha en reducción) • Conteo Rápido Ipsos: Sánchez 50,3% vs. Fujimori 49,7% (Tendencia invertida) • Bastiones Clave: Lima (Bastión urbano pro-Fujimori) vs. Sur y Rural (Pro-Sánchez)
Llamados a la calma ante un recuento que irá hasta julio
Conscientes de que los resultados definitivos demorarán debido a los antecedentes de la accidentada primera vuelta del 12 de abril, ambos líderes políticos comparecieron para fijar posturas encontradas desde sus centros de comando:
- Roberto Sánchez: Habló ante una multitud desde un balcón en la emblemática plaza San Martín, en el centro histórico de Lima. Aseguró que los datos del conteo rápido reafirman la voluntad popular y prometió «acabar con el pacto mafioso» en el gobierno, al tiempo que pidió a sus personeros y movimientos sociales defender el voto con «serenidad y respeto por la democracia».
- Keiko Fujimori: Desde un hotel de la capital, la líder de Fuerza Popular enfatizó que «hasta el momento no hay ningún ganador» y advirtió que quedan por delante «días largos» donde será indispensable revisar cada acta. «No pierdan la esperanza. Vamos a esperar con mucha fe», manifestó tras exhortar a la comunidad internacional a mantenerse vigilante del recuento.
La incertidumbre legal ya fue institucionalizada por el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La vocera del organismo, Grecia Rentería, aclaró que las cifras oficiales al 100% no se conocerán sino hasta mediados de julio, escasos días antes de la transferencia formal del mando. Esto responde a la entrada en vigor de un nuevo proceso obligatorio de recuento físico para todas aquellas mesas que resulten impugnadas o presenten observaciones normativas.
El peso de los legados y dos modelos económicos en juego
La contienda no solo mide a dos personas, sino a las corrientes históricas que representan y sus respectivos niveles de rechazo, un factor que el politólogo Alonso Cárdenas define como una fuerza política en sí misma. Fujimori busca la presidencia por cuarta ocasión consecutiva tras sus derrotas en 2011, 2016 y 2021, cargando con el peso del «antifujimorismo» que evoca el autoritarismo de la década de su padre, Alberto Fujimori, y tras haber sorteado un proceso por lavado de activos del caso Odebrecht que el Tribunal Constitucional archivó justo a tiempo para su postulación. Sánchez, por su parte, se presenta como el heredero político directo de Pedro Castillo (de quien fue ministro), el mandatario derrocado y condenado a 11 años y medio de prisión por rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. A esto se suma que el pasado viernes un juez determinó que Sánchez puede ser enjuiciado por presuntos fondos de campaña no declarados entre 2018 y 2020, cargos que él niega.
Las propuestas para mitigar la inseguridad ciudadana —marcada por el repunte de homicidios y cerca de 30.000 extorsiones denunciadas en 2025— y el rumbo financiero dividen por completo los planes de gobierno:
- La vía de Fujimori: Promete una estrategia de mano dura, declarando la guerra a las mafias de extorsión, desplegando al Ejército en las calles, militarizando los penales y bloqueando flujos de lavado de dinero en la banca, bajo una plataforma de libre mercado que busca atraer capitales estadounidenses.
- La vía de Sánchez: Plantea un mayor control estatal sobre los recursos naturales, elevación del salario mínimo, impuestos corporativos y la revisión de contratos mineros bajo la premisa de que el dinero extractivo no llega a las comunidades rurales. En los días previos al balotaje, moderó su discurso comprometiéndose a respetar la autonomía del Banco Central para calmar el nerviosismo de los mercados, e incluye en su agenda la promesa de liberar a Pedro Castillo.
Independientemente de quién se adjudique la banda presidencial en julio, el fantasma de la ingobernabilidad planea sobre Lima. Sin mayorías absolutas en un Parlamento altamente fragmentado —donde el fujimorismo retiene apenas el bloque minoritario más grande—, la estabilidad del próximo Ejecutivo dependerá de su capacidad de tejer alianzas volátiles. Todo esto ante el desgaste de un electorado donde una cuarta parte son jóvenes menores de 30 años (Generación Z), colectivos que el año pasado protagonizaron masivas protestas contra la corrupción y la desigualdad, y que hoy manifiestan una profunda apatía y desconfianza hacia ambas opciones.