Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este lunes la suspensión temporal de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, una operación valorada inicialmente en unos USD 81.000 millones que podría transformar profundamente la industria del entretenimiento, la televisión y el streaming.
La restricción tendrá una duración mínima de 14 días y fue dictada después de que doce estados presentaran una demanda para impedir que las compañías concluyeran la transacción antes de que la Justicia analizara sus posibles efectos sobre la competencia.
Doce estados cuestionan la concentración de poder en Hollywood
La demanda está encabezada por California y cuenta con el respaldo de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.
Los fiscales generales sostienen que la adquisición de Warner por parte de Paramount reduciría considerablemente la competencia al reunir bajo un mismo grupo a dos de los cinco grandes estudios tradicionales que permanecen activos en Hollywood.
La operación concentraría estudios cinematográficos, cadenas de televisión, plataformas de streaming, servicios informativos y amplios catálogos audiovisuales. Entre las marcas involucradas se encuentran HBO Max, CNN, CBS y Paramount+.
Los estados argumentan que esta acumulación de activos podría traducirse en menos opciones para los consumidores, mayores precios y una reducción de la oferta tanto en salas de cine como en servicios de televisión y entretenimiento digital.
La jueza fija una audiencia para el 3 de agosto
La orden fue emitida por la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín. La magistrada estableció que la transacción deberá permanecer paralizada mientras el tribunal analiza la solicitud de una medida cautelar preliminar.
La audiencia está prevista para el próximo 3 de agosto, aunque la suspensión podría extenderse de 14 a 28 días dependiendo de la evolución del proceso judicial.
El caso se apoya en la Ley Clayton de 1914, una de las principales normas antimonopolio de Estados Unidos, que permite impedir fusiones cuando existe el riesgo de que reduzcan sustancialmente la competencia o favorezcan la creación de monopolios.
Paramount asegura que la operación reforzaría la competencia
Paramount rechaza los señalamientos de los estados y sostiene que la demanda es equivocada tanto desde el punto de vista jurídico como económico.
La compañía argumenta que la unión con Warner permitiría competir en mejores condiciones frente a conglomerados tecnológicos y audiovisuales de mayor tamaño. También recuerda que la transacción ya había recibido otras aprobaciones regulatorias, incluida la autorización de la administración del presidente Donald Trump.
La empresa, adquirida por Skydance en 2025, había adelantado que defendería enérgicamente la operación, aunque no emitió una reacción inmediata después de conocerse la decisión judicial.
Una operación bajo presión por los plazos financieros
La suspensión aumenta la presión sobre Paramount, que esperaba cerrar la adquisición antes del 30 de septiembre.
Según los términos acordados, la compañía deberá pagar a sus accionistas cerca de USD 7 millones adicionales por cada día de retraso después de esa fecha, una condición que podría elevar considerablemente el costo final de la operación.
Aunque el acuerdo está valorado en unos USD 81.000 millones, su monto total podría acercarse a USD 111.000 millones al incluir la deuda asociada y el valor de las acciones en circulación.
La batalla legal apenas comienza
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la suspensión como una primera victoria de los estados, que buscan bloquear definitivamente la transacción.
Además de las autoridades estatales, organizaciones como el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también han cuestionado la fusión por sus posibles consecuencias para los trabajadores, los creadores y la diversidad de contenidos.
La orden judicial no significa que la operación haya sido cancelada. Sin embargo, impide que las compañías completen el acuerdo mientras el tribunal determina si existen fundamentos suficientes para mantenerlo paralizado durante un proceso antimonopolio más amplio.