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Congelan $1.000 millones en fondos de Medicaid para California y Minnesota por investigaciones de fraude

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El secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció la suspensión temporal de pagos federales destinados al programa Medicaid para los estados de California y Minnesota, argumentando «sospechas de fraude e incumplimiento de normas» en la administración de los recursos públicos.

La medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump contempla la retención inicial de 1.000 millones de dólares. Las autoridades federales advirtieron que las revisiones podrían ampliarse hacia otras dependencias, incluyendo los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud.

Desglose de los fondos congelados por estado

El recorte preventivo responde a auditorías e investigaciones internas dirigidas a evaluar la legitimidad de las facturaciones presentadas por las administraciones estatales:

  • California: La retención asciende a 867 millones de dólares debido a reportes de gastos cuestionables e irregularidades operativas detectadas en los expedientes de reembolso.
  • Minnesota: Se suspendió la entrega de 200 millones de dólares mientras se examinan reclamaciones en 14 áreas de atención consideradas de alto riesgo por la propia auditoría estatal.

««Medicaid existe para atender a los estadounidenses vulnerables, no para financiar reclamaciones fraudulentas (…) Si esos estados quieren ese dinero, necesitan documentar que estos pagos son legítimos y para atender realmente a los ciudadanos»», declaró Kennedy al justificar la medida en defensa de los contribuyentes.

Política federal de supervisión y fiscalización

La retención de recursos se enmarca en la estrategia de la administración de endurecer la fiscalización sobre los programas sociales de cobertura sanitaria pública.

Dado que Medicaid ópera bajo un esquema de cofinanciamiento entre el Gobierno federal y los estados, la Casa Blanca advirtió a otras jurisdicciones que la liberación de asignaciones futuras dependerá de la presentación de auditorías rigurosas que demuestren un combate efectivo contra los fraudes administrativos.