Un remoto asentamiento de 64 hectáreas en las montañas Ozark se ha convertido en el epicentro de una batalla legal que pone a prueba los límites de la propiedad privada frente a las leyes de derechos civiles. Michelle Walker, una mujer de ascendencia judía casada con un hombre afroamericano, presentó una demanda formal contra la organización «Return to the Land», alegando que se le prohibió la compra de tierras basándose exclusivamente en su raza, religión y composición familiar.
La demanda, respaldada por el Legal Defense Fund y Legal Aid of Arkansas, califica las prácticas de la comunidad como «violaciones flagrantes y descaradas» de las leyes federales de vivienda justa (Fair Housing Act).
El argumento de la «Herencia Europea»
Eric Orwoll, presidente de la asociación privada, no oculta los criterios de selección de la comunidad. En entrevistas previas, Orwoll ha defendido que el asentamiento está diseñado exclusivamente para personas que se identifiquen con la herencia y ascendencia europeas, basando sus valores en el cristianismo tradicional y el paganismo nórdico.
- Exclusión específica: Orwoll ha declarado explícitamente que los orígenes judíos no califican como «herencia europea» bajo su visión.
- Cuestionario de ingreso: La solicitud para comprar tierras incluye preguntas sobre la ascendencia de los hijos y el cónyuge, opiniones sobre la inmigración y la segregación, prácticas que los demandantes señalan como ilegales en cualquier transacción inmobiliaria.
Libre asociación vs. Vivienda Justa
El núcleo del conflicto legal radica en la interpretación de la propiedad privada. Mientras Orwoll sostiene que, al ser una asociación privada en tierras colectivas, tienen derecho a la «libre asociación» y a mantener fuera a quien deseen, los expertos legales señalan lo contrario.
“Una comunidad solo para blancos es ilegal, discriminatoria e inaceptable”, sentenció Lee Richardson, director de Legal Aid of Arkansas.
La jurisprudencia estadounidense establece que, aunque una asociación sea privada, la venta o alquiler de viviendas y terrenos no puede discriminar por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad. La demanda sostiene que el grupo promueve una ideología de superioridad genética para evitar lo que denominan «genocidio blanco», un concepto frecuentemente utilizado por grupos nacionalistas.
El contexto de la administración Trump
Este caso surge en un momento de intensa actividad judicial por parte del Departamento de Justicia (DOJ) bajo la administración Trump. Curiosamente, mientras el DOJ ha interpuesto demandas contra instituciones como Harvard y The New York Times alegando discriminación contra blancos y judíos en otros contextos, este caso en Arkansas pone a prueba la respuesta del gobierno estatal y federal ante una comunidad que excluye sistemáticamente a minorías.
¿Qué sigue para «Return to the Land»?
La oficina de la fiscal general de Arkansas mantiene una investigación abierta sobre el proyecto. Por su parte, Orwoll ha admitido que anticipaban estos desafíos legales y que se están preparando para enfrentar multas o sanciones. Sin embargo, los demandantes buscan no solo una compensación económica y daños punitivos para Walker, sino una orden judicial que detenga permanentemente las prácticas de segregación en el asentamiento.