El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha revocado el estatus migratorio de Adys Lastres Morera, ciudadana cubana y hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, quien funge como ejecutiva principal de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.). La medida ha derivado en su detención inmediata por parte de funcionarios federales en el sur de Florida y el inicio formal de un proceso de deportación.
El anuncio fue realizado este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó que la detenida permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según las autoridades, la medida responde a disposiciones contempladas en la legislación migratoria estadounidense, que permite actuar contra extranjeros cuya presencia en el país sea considerada adversa a los intereses de seguridad nacional y política exterior.
Un mensaje contra el entorno del régimen
En una declaración oficial, el secretario Rubio enfatizó la determinación de su administración de impedir que individuos vinculados a las estructuras de poder del régimen cubano establezcan su residencia en territorio estadounidense. «No habrá ningún lugar en esta Tierra, y mucho menos en nuestro país, donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente», sentenció el jefe de la diplomacia estadounidense.
Por su parte, John Condon, director ejecutivo asociado en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que la evaluación del caso tomó en cuenta el parentesco directo de la detenida con una de las figuras de mayor influencia en la economía de la isla. GAESA, el mayor conglomerado empresarial de Cuba, controla sectores estratégicos que incluyen el turismo, el comercio minorista, los servicios financieros y la infraestructura portuaria, siendo objeto de sanciones por parte de Washington en años recientes.
Antecedentes y estatus actual
Investigaciones previas, citadas por Martí Noticias, indican que Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos en 2023 bajo una petición de reunificación familiar. Reportes adicionales señalan que la mujer habría estado involucrada en registros corporativos de bienes raíces en EE. UU., tras haber gestionado anteriormente viviendas destinadas al sector turístico en La Habana.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades migratorias no han fijado una fecha para la comparecencia ante un tribunal de inmigración ni han precisado los plazos estimados para el proceso de expulsión. Esta acción marca un hito en la política exterior estadounidense, evidenciando un escrutinio más riguroso sobre el entorno familiar de altos funcionarios vinculados a los engranajes económicos del Estado cubano.