El Fiscal General de Oregón, Dan Rayfield, anunció que acudirá formalmente ante un tribunal del condado de Multnomah para solicitar una pausa de 60 días en la oferta de adquisición de Paramount por 110.000 millones de dólares sobre Warner Bros.. La fiscalía estatal argumenta que la compañía de medios e ingeniería de entretenimiento ha retenido y ocultado de forma deliberada registros clave sobre sus intensas actividades de cabildeo político (lobbying).
A pesar de que Paramount notificó al estado que no planea concretar el cierre de la fusión antes del próximo 16 de julio, el fiscal Rayfield insistió en que es indispensable una orden judicial inmediata que obligue a la corporación a transparentar su documentación antes de proceder con la evaluación antimonopolio definitiva.
El «Proyecto Warrior» y las conexiones políticas bajo la lupa
El núcleo de la disputa legal radica en las maniobras internas que la empresa ejecutó para allanar el camino de la aprobación federal. El estado de Oregón exige de forma prioritaria el acceso a los archivos del denominado «Proyecto Warrior», el código secreto interno con el que Paramount coordinó su estrategia de autorización regulatoria.
Los puntos centrales de la auditoría estatal investigan:
- Influencia en el Ejecutivo: Los registros de presión y gestiones de cabildeo directo ante la administración de Donald Trump para amarrar el respaldo político al acuerdo. Larry Ellison, multimillonario cofundador de Oracle y padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, mantiene estrechos vínculos personales con el mandatario republicano, en paralelo a que la firma contrató a múltiples exfuncionarios de esa administración.
- Intervención en el Departamento de Justicia (DOJ): Evidencias sobre si Paramount redactó o influyó directamente en el comunicado del DOJ que avaló la transacción en junio bajo la premisa de que «aumentaría la competencia y beneficiaría a los consumidores».
Ficha Técnica de la Disputa Judicial: Fusión Paramount - Warner Bros. (Julio 2026)
• Monto de la Operación: $110.000 millones de dólares.
• Demandante Estatal: Fiscalía General de Oregón (Dan Rayfield).
• Tribunal de Causa: Corte del Condado de Multnomah, Oregón.
• Código de Operación: "Proyecto Warrior" (Cabildeo y estrategia regulatoria).
• Medida Solicitada: Pausa forzada de 60 días y entrega obligatoria de documentos.
• Fecha Límite de Fianza: Paramount pactó no cerrar el trato antes del 16 de julio.
La polémica en el DOJ y la ofensiva de otros estados
La impugnación de Oregón cobra especial relevancia debido a las irregularidades reportadas en el proceso de revisión federal. El equipo legal del estado planea citar ante el tribunal un informe de investigación del Wall Street Journal. Dicho reporte revela que los altos funcionarios políticos del Departamento de Justicia desautorizaron y anularon las recomendaciones de los abogados de carrera del área antimonopolio, quienes se inclinaban firmemente por bloquear la fusión en los tribunales por considerarla lesiva para el mercado.
“No vamos a permitir que Paramount Skydance juegue a las escondidas con la información para acelerar su enorme fusión”, sentenció Rayfield, alertando sobre el fuerte impacto que la consolidación de este gigante podría tener en la industria cinematográfica local, la economía del estado y las opciones tarifarias de los consumidores.
Por su parte, los portavoces de Paramount rechazaron tajantemente los señalamientos de Oregón, argumentando que las bitácoras de cabildeo político no guardan relación con los criterios de competencia económica y tildaron la demanda de ser un retraso ilegítimo contra una transacción «claramente legal y procompetitiva». La corporación reitera que el nacimiento de esta nueva estructura le permitirá competir de tú a tú en el entorno del streaming contra potencias de la talla de Netflix y Disney.
La batalla judicial en Oregón es solo el primer paso de un frente legal más amplio. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que las fiscalías de California, Nueva York y otros estados de EE. UU. ultiman detalles para interponer sus propias demandas de bloqueo contra la fusión, respaldados en la preocupación de gremios de actores, guionistas y trabajadores de los medios por los inminentes recortes de empleo derivados de la consolidación.