Un juez federal declaró inconstitucionales las disposiciones utilizadas por la Administración de Donald Trump para cancelar visas e iniciar procesos de deportación contra estudiantes extranjeros por participar en protestas propalestinas o expresar críticas contra Israel.
La jueza federal Noel Wise, con sede en San José, California, concluyó que el Gobierno no puede utilizar las opiniones políticas de una persona como motivo para revocar su visa y expulsarla de Estados Unidos. El fallo representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de Trump y refuerza la protección de la libertad de expresión para ciudadanos y extranjeros.
La demanda fue presentada por The Stanford Daily, el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford. Sus representantes argumentaron que varios colaboradores extranjeros dejaron de cubrir protestas universitarias y asuntos relacionados con Oriente Medio por temor a perder su estatus migratorio.
La jueza cuestiona la actuación del Gobierno
La sentencia se centra en dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estas normas permitían al secretario de Estado, Marco Rubio, considerar deportable a un extranjero si estimaba que sus acciones podían afectar un interés relevante de la política exterior estadounidense.
Wise determinó que utilizar esas facultades para castigar expresiones protegidas vulnera la Primera Enmienda, relacionada con la libertad de expresión, y la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso.
La jueza advirtió que la democracia se debilita cuando ciudadanos y extranjeros deben censurar sus opiniones por miedo a sufrir represalias del Gobierno.
El caso afecta la política migratoria de Trump
La Administración comenzó en marzo de 2025 a cancelar visas y detener a estudiantes extranjeros vinculados con protestas propalestinas. Uno de los casos más conocidos fue el de Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia que mantiene una batalla judicial para evitar su deportación.
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente al fallo. El Gobierno todavía puede apelar la decisión.
La sentencia coincide con otro pronunciamiento emitido anteriormente por un juez federal de Boston, quien también consideró inconstitucionales las deportaciones basadas en el activismo político de estudiantes y profesores extranjeros.